Una compleja trama de presunta estafa, privación ilegítima de la libertad y abuso de confianza sacude a la justicia santiagueña, luego de que una mujer fuera detenida acusada de haber internado a su tía monja en un geriátrico sin habilitación, valiéndose de una declaración de discapacidad para justificar la medida, y posteriormente despojarla de millones de pesos de su cuenta bancaria.
La víctima es una religiosa de 76 años, identificada como T.G., ex rectora de un colegio privado de esta capital, y paciente con diagnóstico de Alzheimer. Su paradero se volvió un misterio hace unas semanas, cuando su entorno más cercano notó su ausencia repentina y alertó a la Justicia.
Días antes de su desaparición, T.G. había sido víctima de un extraño arrebato en la vía pública, en el cual perdió toda su documentación. Poco después, fue localizada en un geriátrico del oeste capitalino por un electricista que la conocía. Según relató el testigo, la religiosa le habría pedido ayuda desesperadamente: “Sacame de aquí. Me tienen en contra de mi voluntad. Me dan pastillas que no necesito”.
La intervención policial y de profesionales de la salud mental permitió confirmar que, a pesar de su cuadro clínico, la monja podía desenvolverse con autonomía y que su internación había sido forzada e injustificada. Además, el establecimiento no contaba con habilitación para atender a personas de la tercera edad, lo que agravó la situación.
La investigación judicial, encabezada por el juez de Control y Garantías, Dr. Sergio Guillet, reveló que la solicitud de internación fue realizada por una sobrina de la víctima, quien quedó imputada y fue recientemente detenida. La mujer será indagada entre hoy y mañana por los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa y defraudación mediante el uso indebido de medios electrónicos.
El rastro del dinero
La causa tomó un giro aún más grave cuando la víctima, ya recuperada de su encierro, descubrió que su cuenta bancaria había sido vaciada y que incluso alguien había gestionado un préstamo a su nombre. La pesquisa de la División de Delitos Económicos reveló que las operaciones se realizaron utilizando las tarjetas sustraídas durante el supuesto robo que sufrió días antes.
El análisis de las cámaras de seguridad reveló que quien retiró los fondos en efectivo fue la misma sobrina que había gestionado la internación forzada. A raíz de estos nuevos elementos, se ordenó su detención y ampliación de la imputación.
Curatela bajo sospecha
Otro aspecto bajo la lupa judicial es el proceso de curatela que se habría solicitado para declarar a la monja incapaz de administrar sus bienes. La figura legal permite designar un curador que asista a una persona con discapacidad o enfermedad, pero no otorga poder absoluto sobre sus decisiones. La sospecha de que esta herramienta se utilizó con fines económicos es una de las hipótesis más firmes de los investigadores.
En paralelo, la Justicia pidió informes bancarios y se adentra en el análisis de la situación patrimonial de la víctima. El nerviosismo entre los allegados es evidente, y si bien algunos intentan justificar los movimientos de dinero afirmando que la religiosa participaba de los trámites o que se gastaban sumas importantes en su cuidado, los peritos buscan determinar si hubo dolo.
