La Justicia de Control y Garantías, a cargo del juez Darío Alarcón, rechazó los planteos presentados por la defensa de Joaquín Cesca, imputado en la causa por la muerte de Luciana Torres. La resolución, emitida este miércoles, desestimó los argumentos del abogado Guillermo Ruiz Alvelda, quien había objetado la legitimidad del letrado Sebastián Robles como representante de la familia de la víctima.
Ruiz Alvelda había sostenido que Robles actuaba “solo como patrocinante y no como querellante particular”, cuestionamiento que fue rechazado por el magistrado.
En su fallo, Alarcón remarcó que no existe impedimento normativo para que un juez declare de oficio su incompetencia y subrayó que la competencia judicial es de orden público, por lo que puede revisarse en cualquier etapa del proceso. “Lejos de configurar una irregularidad, la actuación oficiosa del juez constituye el cumplimiento de un deber legal y constitucional, destinado a garantizar que el caso se tramite ante el tribunal materialmente competente”, fundamentó.
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Respecto de las supuestas deficiencias formales en la constitución de la querella, el juez aclaró que se trata de aspectos subsanables que no afectan la validez del acto ni vulneran garantías constitucionales. “La derivación al fuero correspondiente no implica violación al debido proceso ni al principio de juez natural”, señaló.
Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la defensa de Cesca se habían opuesto previamente al pedido de remitir la causa al Juzgado de Género, solicitado por Robles.
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La resolución podría ser apelada en los próximos días, lo que trasladaría la definición a la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver sobre la cuestión.
