Del procedimiento participan efectivos policiales, representantes del Ministerio Público Fiscal —con intervención del equipo que conduce la fiscal Silvina Paz—, la querella a cargo de la abogada María Eugenia Carabajal y la defensa del profesional denunciado.
La medida busca relevar las características del inmueble y, especialmente, establecer cómo eran los accesos y la circulación dentro de la propiedad. Este punto resulta central, ya que la denunciante presenta dificultades de movilidad y sostiene que el médico tenía facilidades para ingresar a distintos sectores de la vivienda.
La causa tiene como denunciante a Selva del Valle Suffloni, quien quedó sola tras el fallecimiento de su esposo y su hijo. Según su relato, en un primer momento decidió alquilar una parte de su casa para que el profesional instalara su consultorio, pero con el tiempo la relación habría derivado en una serie de maniobras que, asegura, terminaron perjudicándola.
De acuerdo con la presentación judicial, el oftalmólogo la habría inducido a firmar documentación cuyo alcance desconocía, lo que derivó —según la acusación— en la pérdida total de su propiedad. La mujer también denunció ingresos sin autorización a su domicilio e incluso a su habitación, además de la sustracción de joyas que luego habrían sido restituidas tras un reclamo.
A pesar de la gravedad de los hechos expuestos, la investigación se encuentra en una etapa inicial: el acusado aún no fue imputado ni citado a indagatoria. En ese contexto, la inspección aparece como una instancia clave para reunir elementos que permitan avanzar en la causa.
El caso ya había tomado notoriedad pública el año pasado, cuando se difundieron las primeras denuncias sobre supuestas maniobras legales y notariales destinadas a quedarse con los bienes de la anciana. Desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, con planteos de la defensa —como pedidos de eximición de prisión y hábeas corpus— que fueron rechazados.
Mientras la querella insiste en que se trata de una situación de extrema vulnerabilidad, la defensa sostiene su postura a la espera de que la investigación avance. La Justicia deberá ahora evaluar las pruebas incorporadas y definir los próximos pasos del proceso.
