La jueza Dra. Carolina Anauate ordenó a un colegio intercultural la inclusión real de un alumno con autismo. En una resolución que marca un precedente para el sistema educativo provincial, la Justicia hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Dra. María Belén Molina en favor de su hijo menor de edad, diagnosticado con el trastorno en cuestión.
La magistrada determinó que la institución educativa no garantizó plenamente el derecho a la educación inclusiva ni la igualdad de oportunidades para el niño, dictaminando medidas de cumplimiento inmediato.
En los fundamentos señala que el sistema educativo es el que debe adaptarse al estudiante y no a la inversa. Bajo esta premisa, el fallo diferencia claramente la “integración” (mera presencia del alumno) de la “inclusión” (eliminación de barreras y provisión de apoyos adecuados).
La resolución establece una serie de obligaciones estrictas que el Colegio deberá implementar. En principio, garantizar su continuidad escolar. Pues, se prohíbe cualquier medida de exclusión, sanción o actos de hostigamiento contra el alumno, asegurando su permanencia en el establecimiento.
La institución deberá realizar las adaptaciones curriculares necesarias, bajo la supervisión directa del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP). Se dispone además la creación de una figura docente que actúe como mediadora entre el colegio y la familia para consensuar las estrategias de aprendizaje.
El Gabinete de Psicología Forense intervendrá en el establecimiento para evaluar el cumplimiento de las medidas y la evolución del entorno escolar. Además, tanto directivos como personal docente deberán realizar instancias de formación obligatoria en discapacidad y educación inclusiva.
La Dra. Anauate exhortó al Ministerio de Educación y al SPEP a realizar un seguimiento riguroso del caso para evitar que las disposiciones judiciales queden en la nada.
El fallo ocurre en un contexto en que otras familias, expuesieron públicamente situaciones de similares características vinculadas a la misma institución. El cúmulo de testimonios refuerza el debate sobre la falta de preparación de ciertos colegios privados para abordar la neurodiversidad.
La resolución judicial advierte con especial énfasis sobre la salud emocional del niño, señalando que la falta de diálogo y la resistencia institucional a realizar adecuaciones pueden generar daños irreparables en su trayectoria escolar.
