La reforma del Código Penal redactada por el ministro Juan Bautista Mahiques se encuentra actualmente en un “limbo” administrativo dentro de la Secretaría de Legal y Técnica. Aunque oficialmente se habla de “ajustes técnicos”, el retraso en el envío del proyecto al Congreso esconde una realidad política incómoda: mientras el texto no se apruebe, el capítulo de delitos contra la administración pública permanece sin cambios, un escenario que favorece la estrategia judicial de Manuel Adorni.
El Jefe de Gabinete, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, es uno de los principales beneficiarios indirectos de que el nuevo código no vea la luz en el corto plazo.
El factor “Corrupción” en el centro de la interna
El borrador original de Mahiques, que llegaba a las 900 páginas, contenía un endurecimiento severo de las penas y las herramientas de investigación para delitos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento de funcionarios. Sin embargo, en la versión “acotada” que hoy está trabada por orden de la mesa política de Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, esos capítulos son precisamente los que están en duda.
La demora impide que entren en vigencia normativas que podrían complicar el frente judicial de Adorni, quien ya es un blanco constante de críticas, incluso dentro de su propio espacio (como lo demostró el desplante de Victoria Villarruel en la misa de Luján).
Al quitar o postergar los artículos vinculados a la transparencia pública, el oficialismo evita generar un marco legal que “le pegue de cerca” a sus propios funcionarios antes de las elecciones.
Prioridades selectivas: motochorros sí, corrupción después
El Ministerio de Justicia ha intentado acelerar el proyecto enfocándose en delitos de “calle” para obtener rédito social rápido:
Seguridad ciudadana: Se busca aprobar rápido la tipificación de motochorros, salideras y estafas piramidales.
El “freno de mano”: Sin embargo, al quedar el texto atrapado en la Secretaría de Legal y Técnica (bajo influencia de Caputo), se posterga indefinidamente la discusión sobre los delitos de cuello blanco.
Un respiro judicial para el Jefe de Gabinete
Para Manuel Adorni, cada semana que el proyecto pasa en revisión es tiempo ganado. La sanción de un nuevo Código Penal suele traer consigo debates sobre la ley penal más benigna o cambios en los plazos de prescripción y agravantes. Mantener el código actual —mucho más laxo en ciertos grises de la administración pública— le permite a su defensa técnica trabajar sobre un terreno conocido y menos hostil.
Mientras el Gobierno asegura que el envío depende de “ordenar diferencias internas”, lo cierto es que la parálisis del Código Penal funciona como un paraguas protector para los funcionarios que, como Adorni, hoy deben desfilar por los tribunales de Comodoro Py.
