En una respuesta relámpago tras el anuncio de la movilización nacional universitaria, el Ejecutivo nacional informó este martes que prevé citar a los rectores a finales de abril o principios de mayo. El objetivo es claro: frenar la protesta y negociar el apoyo a una nueva Ley de Financiamiento Universitario que busca reemplazar la normativa actual, la cual el Estado se niega a cumplir bajo el argumento de la “sostenibilidad fiscal”.
La convocatoria ocurre mientras los abogados del Estado presentan un recurso ante la Corte Suprema para evitar el pago de $2,5 billones que la justicia ya ordenó transferir a las facultades en fallos previos.
El Gobierno admitirá por primera vez el desfasaje salarial (los sueldos cayeron a su nivel más bajo en 23 años), pero su propuesta está lejos de lo que piden los gremios y las autoridades académicas. Los rectores exigen una recomposición del 50% para compensar la brecha entre el 158% de aumento otorgado y el 280% de inflación acumulada. El Gobierno propone un esquema de tres tramos del 4,1% (marzo, julio y septiembre de 2026).
El proyecto libertario elimina la cláusula que obliga a que los aumentos no sean inferiores a la inflación del INDEC, desindexando los salarios del costo de vida.
Puntos críticos de la reforma libertaria
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso busca “ordenar” las cuentas públicas, otorgando mayor poder de decisión a la Casa Rosada sobre el presupuesto educativo:
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Fin de la actualización automática: Se terminan los aumentos por inflación para salarios y gastos de funcionamiento.
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Discrecionalidad en Becas: Los montos y aumentos de las becas estudiantiles ya no tendrán un mecanismo fijo, sino que dependerán del criterio del Poder Ejecutivo según el presupuesto anual.
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Ciencia y Técnica bajo presión: Se eliminan las fórmulas de actualización automática para investigación y desarrollo. Estos fondos quedarán sujetos a la planificación del Gobierno nacional.
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Cláusula de Sostenibilidad: Cualquier aumento de partidas deberá ser “compatible con el equilibrio financiero del Estado”, lo que funciona como un techo legal para cualquier reclamo presupuestario.
Impacto en Santiago del Estero y la UNSE
Esta convocatoria será vital para instituciones como la UNSE, que hoy destina el 92% de sus fondos a salarios y enfrenta un retraso salarial superior al 55%, según denunciaron hoy sus autoridades. La estrategia oficial busca convencer a los rectores de que el nuevo esquema es el único “sostenible”, a cambio de reconocer una parte de la pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, los gremios docentes y las federaciones estudiantiles mantienen la guardia alta: la marcha del 12 de mayo sigue firme como la principal herramienta de presión ante una reforma que, según denuncian, consolida el ajuste estructural sobre la educación superior.
