Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por presionar a un testigo
La diputada nacional Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras acusarlo de presionar a un testigo en la causa que investiga su patrimonio. Pagano invocó la “doctrina Irurzun” ante un presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación, luego de que el funcionario contactara al contratista Matías Tabar antes de su declaración. …
La causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo y tenso capítulo. La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo solicitando la detención inmediata del funcionario, al que acusa de intentar entorpecer el avance de la investigación en su contra.
El centro de la acusación
El pedido se fundamenta en un supuesto intento de influir sobre un testigo clave: Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cua.
Según la denuncia de la legisladora, Adorni se habría comunicado con Tabar poco antes de que este declarara bajo juramento. En dicho intercambio, el funcionario le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su equipo, además de solicitarle que borrara los mensajes de WhatsApp. “Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación”, expresó Pagano a través de sus redes sociales.
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Para sostener el pedido, la diputada invocó la denominada “doctrina Irurzun”. Este criterio jurisprudencial justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas que mantienen poder institucional cuando se presume que su influencia y sus relaciones residuales pueden poner en riesgo la recolección de pruebas o intimidar a los involucrados.
El pedido de detención se da en paralelo a un expediente que investiga las cuentas y el patrimonio de Adorni. De acuerdo con los datos que constan en la causa:
- Se registran gastos y deudas que superarían los 800.000 dólares, cuyo origen está bajo la lupa de la Justicia.
- Se investigan refacciones por unos 245.000 dólares en efectivo en la mencionada propiedad privada.
- Se detectaron inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas del funcionario.
