Adorni dejó el gobierno pero sigue siendo casta: usa un auto oficial y con custodia mientras intenta justificar su patrimonio

A tres meses de su renuncia a la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando beneficios estatales reservados para funcionarios públicos en ejercicio. El exvocero presidencial se desplaza en una camioneta Toyota SW4 perteneciente al Estado nacional, según La Nación, al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y cuenta con custodia permanente, un privilegio atípico para excolaboradores gubernamentales que genera controversia en el ámbito político.

La revelación de estos recursos estatales asignados a su movilidad cotidiana se produce de forma paralela al avance de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

En este escenario, el exfuncionario prepara la justificación contable de sus bienes ante los requerimientos judiciales, en el marco de las causas por presunto enriquecimiento ilícito abiertas tras su paso por el Poder Ejecutivo.

El vehículo oficial cedido y una deuda millonaria por infracciones de tránsito

La camioneta oficial utilizada por Adorni fue cedida originalmente por un organismo público a la Jefatura de Gabinete. Según los registros de tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la unidad acumula decenas de infracciones por exceso de velocidad y faltas graves, sumando un monto superior a los 10 millones de pesos en multas sin saldar.

A pesar de no ocupar un cargo formal en la administración pública, la asignación del rodado y del personal de seguridad de las fuerzas federales se mantiene bajo la justificación de supuestas evaluaciones de riesgo. Sin embargo, especialistas en seguridad institucional señalan que la prórroga ininterrumpida de estos servicios a un exministro no constituye la práctica habitual en el esquema de custodia oficial.

La causa por enriquecimiento ilícito y el descargo sobre su patrimonio

A la polémica por el uso de logística estatal se suma la situación procesal de Adorni respecto a sus declaraciones juradas. La justicia investiga la evolución de sus activos económicos durante el período en el que se desempeñó como vocero y posteriormente al frente de la Jefatura de Gabinete.

Frente a las inconsistencias detectadas en los informes patrimoniales presentados ante la Oficina Anticorrupción, el equipo legal del exfuncionario trabaja en la documentación de respaldo para argumentar el origen de sus ingresos y bienes. Las denuncias judiciales señalan desfasajes entre las remuneraciones percibidas en la función pública y la adquisición de activos durante su gestión.