El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni depende hoy de un dispositivo de última generación. El iPhone 15 del contratista Matías Tabar aún no pudo ser desbloqueado por los técnicos judiciales, lo que motivó su traslado a una dependencia especializada con software avanzado para este tipo de modelos.
Ante la inminencia de la apertura, la defensa del jefe de Gabinete presentó un escrito solicitando participar de la pericia. Esta movida busca garantizar el control de la prueba y supervisar qué tipo de información se extrae del terminal, en un contexto de máxima tensión política y judicial.
La declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita fue demoledora para la situación del funcionario. El empresario detalló que las obras en la propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, escalaron de un presupuesto inicial de u$s94.000 a un costo final de u$s245.000.
Un punto central de la investigación es la modalidad de pago. Según el contratista:
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Los montos se abonaron íntegramente en efectivo.
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No se emitieron facturas ni recibos por las transacciones.
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Muchos de los detalles se coordinaron mediante mensajes configurados para borrarse automáticamente.
La búsqueda de mensajes borrados
El objetivo de la fiscalía es recuperar los diálogos que Tabar mantuvo con el entorno de los Adorni. Al tratarse de conversaciones con “mensajes temporales”, la justicia busca determinar si es posible reconstruir la trazabilidad de las órdenes de pago y la aprobación de los presupuestos de las remodelaciones y el mobiliario.
Esta pericia se suma a los informes recientes sobre operaciones con criptomonedas no declaradas y gastos mensuales que superarían los ingresos oficiales del jefe de Gabinete, consolidando un frente judicial que amenaza la estabilidad del funcionario en el entorno del presidente Javier Milei.
La conexión empresarial bajo la lupa
En paralelo a la causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta Manuel Adorni, el juez Ariel Lijo puso el foco sobre los negocios de su esposa, Bettina Angeletti, titular de la consultora +BE. El magistrado requirió al Grupo Datco, National Shipping S.A. y a la empresa Foggia que entreguen de manera inmediata toda la facturación y documentación sobre sus operaciones con la firma de Angeletti.
La hipótesis judicial plantea un posible “circuito de retorno”: empresas que reciben contratos millonarios del Estado nacional estarían contratando, a su vez, los servicios de la consultora de la esposa del jefe de Gabinete.
Uno de los puntos más sensibles del expediente involucra a Foggia Group, firma liderada por Mara Gorini, quien mantiene una estrecha relación con Karina Milei. Esta empresa no solo está asociada a la concesión de Tecnópolis, sino que fue la encargada de organizar los actos más simbólicos del oficialismo en el Luna Park, el Movistar Arena y encuentros de La Derecha Fest.
La justicia busca determinar si la participación de la consultora +BE en estos esquemas responde a una lógica de mercado o si existió un direccionamiento favorecido por la posición jerárquica de Adorni.
