La justicia boliviana dio un paso determinante este lunes al declarar en rebeldía a Evo Morales. La decisión surge luego de que el líder del MAS y su equipo jurídico no se presentaran en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija para la apertura del juicio oral. El magistrado Luis Esteban Ortiz confirmó que, ante la inasistencia injustificada, se activaron los protocolos que incluyen la orden de captura, el arraigo migratorio y la anotación preventiva de bienes.
El proceso se centra en una denuncia por trata agravada, relacionada con una presunta relación que Morales habría mantenido con una adolescente durante su gestión, fruto de la cual habría nacido una hija. Según el fiscal departamental José Mogro, el Ministerio Público acumuló más de 170 pruebas que sustentan la acusación.
La defensa alega “montaje político”
Desde el entorno de Morales, la respuesta fue inmediata. El abogado y exprocurador Wilfredo Chávez justificó la ausencia alegando defectos en la notificación y calificó el juicio como una “persecución política” orquestada para silenciar al exmandatario en un contexto de crisis económica y social bajo la administración de Rodrigo Paz.
Por su parte, el abogado Nelson Cox reforzó esta postura, señalando que la causa es una “instrumentalización de la justicia” que comenzó en 2024 durante la gestión de Luis Arce y que hoy continúa con el objetivo de proscribir al líder cocalero.
Escenario de incertidumbre
Actualmente, Evo Morales se encuentra resguardado en la región del Chapare, su principal bastión político y sindical. La emisión de la orden de captura genera una fuerte expectativa sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, dado que intentos previos de intervención en esa zona han derivado en fuertes enfrentamientos entre seguidores del MAS y la policía.
La situación judicial de Morales profundiza la fractura política en Bolivia, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de utilizar los tribunales para dirimir internas partidarias de cara a los próximos turnos electorales.
