El Gobierno nacional avanzó con un nuevo ajuste sobre el sistema de salud pública y recortó más de $63.000 millones del presupuesto destinado al área sanitaria, en el marco de una amplia reestructuración de partidas oficiales impulsada por la administración de Javier Milei.
La poda presupuestaria afecta programas considerados estratégicos para la atención médica y la prevención de enfermedades. Entre los recortes más importantes aparecen las reducciones en el acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos, políticas de salud sexual y programas vinculados al VIH, hepatitis y tuberculosis. También hubo bajas en organismos como el Instituto Malbrán y el INCUCAI.
La medida forma parte de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo de profundizar el ajuste fiscal y sostener el superávit financiero comprometido por el Ejecutivo. Según distintos análisis, el recorte total del presupuesto nacional ronda los $2,5 billones e incluye áreas como educación, ciencia, infraestructura y asistencia a provincias.
La decisión generó preocupación en sectores sanitarios y académicos, especialmente por el impacto que podría tener sobre hospitales públicos y universitarios. En las últimas semanas, autoridades de distintas universidades nacionales advirtieron que los centros de salud dependen de partidas que todavía no fueron transferidas y alertaron sobre el riesgo de colapso operativo.
Desde la oposición y organizaciones vinculadas a la salud pública cuestionaron la magnitud del ajuste y señalaron que el recorte se produce en un contexto de aumento de la demanda en hospitales estatales, producto de la crisis económica y la pérdida de cobertura médica privada en numerosos sectores de la población.
