En Santa Fe, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) intimó formalmente al reconocido empresario Néstor Rozín, propietario del complejo Sol de Funes, a destruir y remover en un plazo de diez días una obra que él mismo había costeado para reparar un tramo destruido de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba.
La resolución del organismo estatal, contra el trabajo de bacheo y pavimentación financiado por Rozín, determina que las mejoras viales ejecutadas no contaban con las autorizaciones técnicas correspondientes.
De este modo, el empresario se verá obligado a retirar los materiales y las obras de asfalto realizadas, restituyendo la calzada a su estado anterior de deterioro y abandono, a la espera de que el corredor vial sea finalmente adjudicado a un nuevo concesionario privado.
Una inversión por su empresa
El origen del conflicto se remonta al año pasado. Ante el deterioro de la calzada, Rozín decidió intervenir de manera directa ya que los pozos y el abandono de la traza dificultaban gravemente el ingreso vehicular de los clientes y proveedores a su hotel.
Pero no solo eso. El problema afectaba a otros establecimientos comerciales de la zona y a los usuarios que transitan diariamente ese acceso hacia la Ruta Nacional 9.
El portal de noticias local InfoFunes, informó que la obra de pavimentación se ejecutó de manera urgente para ordenar y agilizar el flujo de tránsito de cara a un masivo acto político de campaña electoral que se desarrolló en las instalaciones del hotel, el cual estuvo encabezado por la actual vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, en momentos en que se candidateaba por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe.
Sospechas de “vuelto político”
A raíz de la intimación dispuesta por Vialidad Nacional, en los pasillos políticos y empresariales de la ciudad de Funes comenzaron a tejerse diversas hipótesis que apuntan a un “vuelto político”.
Pues, la delegación santafesina de Vialidad Nacional se encuentra actualmente bajo la conducción de Gastón Bruno, un funcionario de origen técnico y político vinculado a la región.
Bruno se desempeñó previamente como secretario de Obras Públicas durante la intendencia del dirigente del PRO Diego León Barreto. Su paso por la gestión municipal funense culminó de forma abrupta al verse obligado a renunciar en medio de un escándalo por una polémica licitación pública que había sido adjudicada a una firma empresarial de la cual él mismo formaba parte.
Esta trama de alineamientos alimentó las sospechas en el sector privado local respecto de que la orden de destrucción de la colectora no respondería únicamente a estrictas razones de protocolo e ingeniería vial, sino a un presunto pase de facturas políticas derivado de los posicionamientos de los distintos actores durante la última contienda electoral.
