En una sesión virtual que se extendió por más de cinco horas, el Congreso boliviano aprobó el proyecto de ley que anula las restricciones legales para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interna. La normativa, que ya contaba con la sanción del Senado, fue remitida al Poder Ejecutivo para la promulgación del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta desde hace tres semanas un masivo reclamo civil que exige su renuncia.
La nueva legislación deroga la Ley 1341, una norma que se encontraba vigente desde octubre de 2020 y que reglamentaba de manera estricta los alcances del “estado de excepción”. Aquella ley establecía que el uso de los militares para el control de disturbios civiles solo se permitía si la Policía Boliviana resultaba totalmente superada y no existían otros medios institucionales para restablecer el orden público, imponiendo además un límite de vigencia de 60 días para la medida.
El debate parlamentario debió desarrollarse a través de plataformas digitales debido a que las masivas manifestaciones y los piquetes en las rutas impidieron el traslado físico de numerosos legisladores hacia la ciudad de La Paz, sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los sectores que impulsan las protestas están integrados por sindicatos campesinos, agrupaciones afines al expresidente Evo Morales y diversas organizaciones civiles que rechazan la gestión de Paz, quien asumió la conducción del país hace poco más de seis meses.
Cruces por el alcance de la represión
La derogación de los límites al accionar militar dividió de forma tajante las opiniones en el arco político boliviano. El principal promotor de la iniciativa, el diputado Carlos Alarcón —perteneciente a la alianza Unidad—, catalogó a la normativa anterior como una ley “criminal” diseñada para “desnaturalizar” las facultades estatales frente a escenarios de caos y anarquía.
Según los argumentos del bloque que apoyó la reforma, las restricciones vigentes resguardaban a grupos violentos, por lo que su anulación otorgará mayor capacidad de despliegue a los efectivos castrenses en caso de desbordes policiales.
En la vereda opuesta, legisladores de la oposición y de sectores disidentes expresaron un enérgico rechazo a la medida. El diputado Edwin Valda, miembro de una facción interna del Partido Demócrata Cristiano (PDC), alertó que la habilitación del estamento militar generará una escalada de violencia oficial en las calles y dejará en una situación de total desprotección jurídica a las reivindicaciones y protestas sociales legítimas.
Pese al avance legislativo, la entrada en vigencia de la norma no implica la activación automática del estado de excepción en el territorio. Desde la administración central, los voceros de Rodrigo Paz insistieron en que la intervención de las Fuerzas Armadas y la declaración de la emergencia representan “la última opción” a la que apelará el Palacio Quemado, priorizando las mesas de diálogo político que aún no han logrado prosperar.
Aislamiento y desabastecimiento crítico
El epicentro de las manifestaciones y los cortes de rutas se localiza en el conglomerado urbano de La Paz y la vecina ciudad de El Alto, aunque el mapa de los bloqueos ya se ramificó hacia las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Esta parálisis en las principales arterias de circulación vial está provocando un agudo desabastecimiento de productos alimenticios esenciales, combustibles líquidos e insumos médicos de primera necesidad, como el oxígeno medicinal en los centros de salud.
La violencia en torno a los piquetes ya registra saldos trágicos. La Fiscalía General del Estado inició una investigación penal para esclarecer la muerte de un hombre que falleció tras recibir un impacto de bala en el marco de un operativo de despeje de rutas ejecutado el último sábado.
En paralelo, las autoridades de la cartera de Seguridad denunciaron que el bloqueo de los caminos provocó de manera indirecta el deceso de cuatro personas —entre ellas un niño de 12 años— que perdieron la vida al no poder ser trasladadas en ambulancia para recibir atención médica de urgencia.
