Durante la audiencia de prisión preventiva, comerciante Alberto Abdón Juárez escuchó la formalización de 11 denuncias de clientes en su contra, cuyo perjuicio económico global se estima es cercano a los 100.000.000 de pesos, en medio de fundadas sospechas policiales sobre la existencia de nuevos damnificados.
La fiscal de la causa, Luján González Garay, lideró la acusación detallando de forma minuciosa nombres, apellidos, domicilios particulares y las operaciones comerciales específicas de autos y camionetas que terminaron bajo ivestigación.
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a Juárez la comisión sistemática de delitos configurados como “estafa” y “desbaratamiento de derechos acordados”, perpetrados en transacciones de rodados ejecutadas entre los años 2024 y 2025. Del otro lado del estrado, los abogados querellantes que representan a los damnificados siguieron con atención la argumentación fiscal, preparándose para fundamentar sus propios planteos en la próxima audiencia fijada para el 25 de junio.
Las denuncias contra el agenciero exponen tres modalidades delictivas recurrentes: algunos clientes lo acusan de haberse quedado con sus vehículos de forma ilegítima, otros señalan que les entregó unidades que carecían por completo de la documentación obligatoria para transferir y circular, mientras que un tercer grupo denunció la desaparición física de los transportes entregados en consignación sin haber recibido retribución económica alguna a cambio.
Falta de fondos para resarcimientos
La defensa técnica de Juárez, ejercida por el abogado Juan Carlos Rovelli, intenta desestimar el las acusaciones. El abogado se centrará en argumentar que los delitos imputados revisten un carácter excarcelable y sostendrá que el conflicto debe ser dirimido y derivado a la órbita del fuero civil y comercial, bajo la figura de un mero incumplimiento contractual, con el propósito de evitar que su asistido continúe tras las rejas.
Fuera de los tribunales, trascendió de manera extraoficial que desde el pasado mes de mayo los abogados querellantes intentan propiciar acercamientos extrajudiciales para persuadir al agenciero de reintegrar los capitales invertidos. Sin embargo, ante el aluvión de denuncias que se acumulan, Juárez está en un dilema.
Por un lado, un sector de su entorno le aconseja estructurar acuerdos conciliatorios rápidos con los denunciantes para desactivar la vía penal. Mientras que su círculo más íntimo replica de forma tajante que el comerciante no dispone de los fondos líquidos suficientes para hacer frente a las demandas financieras.
Así, la defensa prefiere agotar los recursos de apelación y concentrar sus energías en el planteo de excarcelación. En el entorno del imputado reconocen que, si el juez de Control y Garantías convalida el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, Juárez correría el serio riesgo de quedar marginado de la actividad comercial y detenido por el término de al menos un año.
Por su parte, analistas del proceso judicial buscan una alternativa intermedia: la suscripción de convenios de pago y firma de documentos a ser cancelados de manera gradual en el tiempo. No obstante, los funcionarios judiciales advirtieron que para viabilizar este eventual “plan C”, resultará indispensable que Juárez recupere su libertad ambulatoria para poder trabajar y que el negocio reciba una voluminosa inyección de capitales externos que le permita reactivar las operaciones.
