En una sesión de fuerte impacto financiero e institucional, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el plan de pago para cancelar el remanente de la deuda defaulteada en diciembre de 2001. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, autoriza al Poder Ejecutivo a abonar un total de USD 171 millones a dos de los principales “fondos buitre” que mantenían litigios activos en los tribunales norteamericanos y que no habían ingresado a los canjes de reestructuración previos.
La votación en la Cámara Baja arrojó 139 votos positivos frente a 97 negativos, logrando sancionar la ley de forma agónica antes del 30 de junio, fecha límite de caducidad estipulada en el convenio de conciliación económica. De acuerdo con los términos del pacto judicial, la firma Bainbridge Ltd. percibirá USD 67 millones, mientras que el grupo acreedor liderado por Attestor Value Master Fund LP. recibirá USD 104 millones.
La ratificación parlamentaria resulta clave para las arcas públicas, ya que dejará sin efecto de manera inmediata las órdenes de embargo dictadas en la Justicia de EE.UU. que pesaban sobre activos soberanos estratégicos del país, entre ellos, acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Los argumentos del oficialismo: quita del 30% y blindaje para YPF
Al dar inicio a la discusión parlamentaria, el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió la premura del proyecto señalando que la Argentina enfrenta la oportunidad histórica de “cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. El legislador libertario enumeró tres razones centrales que justifican el acuerdo: una quita negociada cercana al 30% sobre el capital reclamado, la eximición total del pago de honorarios legales de los demandantes y el compromiso explícito de los acreedores de no iniciar futuras acciones judiciales contra el país.
En sintonía, la diputada aliada al oficialismo, Silvana Giudici, aportó detalles sobre el impacto directo que el blindaje tendrá sobre la petrolera estatal. “Estos dos fondos tienen una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos y este gobierno logra una quita con condición de entrega por pago. Nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF”, precisó la legisladora, asegurando que la restitución de dichos títulos financieros permitirá que la firma energética quede finalmente “libre de cualquier otro conflicto”.
Cruces de la oposición por el financiamiento
A pesar del acompañamiento mayoritario que permitió la sanción, el debate no estuvo exento de duros cuestionamientos por parte de la oposición intermedia. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, fundamentó su rechazo al dictamen argumentando inconsistencias técnicas en la presentación del proyecto oficialista.
Pichetto hizo hincapié en que la normativa impulsada por la Casa Rosada “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera”, recordando además que infringe el propio decreto del presidente Milei que estipula que ninguna ley puede ser sancionada sin especificar su correspondiente partida de gasto en el Presupuesto Nacional.
En esa línea de flotación discursiva, el experimentado legislador utilizó el estrado para marcar una contradicción en la gestión del gasto público del Palacio de Hacienda, señalando que esa supuesta falta de partidas fue la misma razón técnica esgrimida por el Ejecutivo para aplicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. “Con el agravante de que en aquel caso existía una fuente mencionada que era el incremento de ingresos corrientes del Presupuesto, aunque el Ejecutivo la consideró insuficiente”, fustigó en el cierre de su alocución.
