La investigación que busca determinar responsabilidades entre miembros de la Policía Federal sumó un nuevo capítulo con el inicio de las declaraciones indagatorias de los nueve detenidos. Los funcionarios policiales están acusados de integrar una presunta organización que operaba desde un puesto de control ubicado en el paraje Siete de Abril, sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Pellegrini.
La causa, que se tramita en el fuero federal, tiene bajo sospecha a siete efectivos de la Policía Federal Argentina y a dos coordinadores vinculados a los denominados “tours de compras”. Los investigadores intentan determinar si existía un esquema organizado para liberar los controles vehiculares y permitir el paso de colectivos que cubrían el recorrido entre Salta y Buenos Aires, a cambio del pago de sobornos.
Según trascendió de fuentes cercanas al expediente, dos de los imputados fueron indagados durante la jornada del jueves, mientras que este viernes continuará el cronograma previsto para recibir declaración al resto de los acusados. Todos cuentan con la asistencia del abogado Lucas Vieyra Ortiz, quien asumió la defensa técnica durante esta etapa inicial del proceso.
Delitos bajo investigación
Los detenidos enfrentan imputaciones por presunto cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando. Sin embargo, la pesquisa permanece abierta y los investigadores no descartan ampliar la calificación legal si el análisis de la evidencia incorpora nuevos elementos que permitan reconstruir con mayor precisión el funcionamiento de la presunta maniobra.
El objetivo de la Justicia Federal es establecer desde cuándo operaba el supuesto circuito de recaudación ilegal, cuál era el rol que desempeñaba cada integrante y si la estructura contaba con otros participantes aún no identificados.
El operativo
Las detenciones fueron concretadas durante un procedimiento encabezado por efectivos de Gendarmería Nacional, que actuaron por orden judicial en el puesto de control de Siete de Abril. Allí fueron apresados los siete policías federales —todos oriundos de Tucumán— junto a dos personas señaladas como coordinadores de los viajes investigados.
La hipótesis principal sostiene que los uniformados aprovechaban su función para detener colectivos y vehículos utilizados en los tours de compras, exigiendo dinero para permitirles continuar el viaje sin mayores controles o actuaciones administrativas.
Por el momento, la Justicia mantiene bajo estricto hermetismo las identidades de los acusados y tampoco informó oficialmente si durante los allanamientos y detenciones fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo u otros elementos considerados relevantes para la causa.
Mientras continúan las indagatorias, los investigadores avanzan en el análisis del material incautado con el objetivo de determinar la magnitud de la presunta red de corrupción y establecer si existieron más personas involucradas en las maniobras que se investigan sobre uno de los principales corredores viales del norte argentino.
