La Municipalidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, apartó de manera definitiva de su cargo a un empleado que acumulaba 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses. La medida fue tomada luego de una investigación interna que constató que el trabajador utilizaba la franja horaria asignada a sus funciones públicas para desempeñarse en su peluquería.
El hombre fue identificado como Gustavo Gutiérrez, quien prestaba servicios en la Dirección de Higiene Urbana y, previamente, se había desempeñado como asesor de la concejal local Claudia Villalba.
La situación salió a la luz, a partir de un seguimiento efectuado por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos. El área detectó un patrón repetido de ausencias sin justificar concentradas entre el 11 de abril y el 2 de junio del año pasado, lo que dio lugar a la inmediata apertura de un sumario administrativo.
El empleado reconocía ante sus clientes que trabajaba en el municipio
De acuerdo a la investigación, Gutiérrez solía admitir ante sus clientes que los atendía en momentos en que debía prestar servicios para el municipio. Este detalle no surgió de conjeturas de los inspectores, sino de las admisiones que el agente realizaba en su lugar de trabajo privado mientras ejercía el oficio de peluquero.
A la par de la falta de certificados médicos que avalaran el ausentismo, el cuerpo de inspectores municipales intentó localizar al agente en su domicilio en reiteradas oportunidades, siempre con resultados negativos.
Finalmente, el personal de control logró ubicarlo en un local comercial situado sobre la calle Santa María de Oro, en pleno centro de la ciudad, donde se encontraba atendiendo al público en el horario exacto en el que debía cumplir sus tareas asignadas en la administración pública.
Medida ejemplificadora
Ante las pruebas recolectadas, el Departamento Ejecutivo comunal dispuso la aplicación de la sanción de “cesantía”, encuadrada de forma estricta en los lineamientos de la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49. Según consignaron medios de prensa locales, el caso de Gutiérrez actuó como el detonante definitivo para acelerar los controles, en un contexto donde ya se habían registrado precedentes de similar naturaleza.
Fuentes de la gestión municipal enfatizaron que la resolución responde a una política integral destinada a robustecer las auditorías internas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. En ese sentido, las autoridades recalcaron que se mantendrá una postura de “tolerancia cero” frente al incumplimiento de las obligaciones laborales de los agentes del Estado, buscando resguardar el esfuerzo de los contribuyentes que sostienen el funcionamiento de la comuna mediante el pago de sus tasas e impuestos.
