El proceso de desinversión y venta de los activos de la histórica cooperativa SanCor sufrió un severo revés judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial dispuso la suspensión del cronograma licitatorio al conceder, con efecto suspensivo, un recurso de apelación interpuesto por Fidulac S.A., el fideicomiso acreedor que encabeza el empresario Gustavo Scaglione.
La determinación de la alzada paraliza de forma inmediata los efectos del pliego de bases y condiciones que se había diseñado para subastar los bienes de la firma. De este modo, la venta no podrá reanudarse hasta que el tribunal revise los cuestionamientos de fondo presentados por los acreedores, quienes alertan sobre un posible desguace de la compañía.
El riesgo de la fragmentación operativa
La controversia central que motivó la intervención de la Cámara radica en la modalidad de enajenación dispuesta originalmente por el juez de primera instancia, Marcelo Gelcich. Desde Fidulac sostienen que el esquema estructurado por el magistrado propicia la fragmentación de SanCor, al segmentar de manera separada la venta de sus marcas comerciales, sus plantas de procesamiento industrial y sus restantes activos.
De acuerdo con los argumentos de la firma acreedora, atomizar la estructura productiva reduce drásticamente el valor económico real de la compañía y atenta contra la continuidad de las fuentes de trabajo. En sus presentaciones judiciales, el fideicomiso remarcó que el verdadero potencial de la firma reside en su funcionamiento unificado, señalando que el gran atractivo actual es la marca, pero que esta carece de sustentabilidad temporal si se la disocia de su capacidad de producción.
Asimismo, Fidulac denunció supuestas falencias en el diseño del pliego de condiciones. Entre los puntos objetados figuran la falta de una participación real y efectiva del Comité de Acreedores, presuntas irregularidades en el desempeño de la sindicatura y severas discrepancias en torno a la valuación monetaria utilizada para establecer los precios base de la subasta.
Giro judicial y rectificación formal
Previamente, el juez Gelcich había desestimado el reclamo de Fidulac sin examinar el fondo de las críticas, argumentando un supuesto defecto formal relacionado con la rúbrica de Scaglione en el escrito. No obstante, los jueces de la Cámara revocaron ese criterio al entender que tanto el titular del fideicomiso como su abogado patrocinante habían acreditado de manera correcta sus representaciones y derechos.
El tribunal fundamentó la suspensión del proceso al considerar que las pautas fijadas en el pliego de licitación revisten una trascendencia institucional y económica crítica. Continuar con el cronograma previsto en esas condiciones, advirtieron los magistrados, podría desencadenar consecuencias de carácter irreversible para el destino de la cooperativa láctea. Por tal motivo, se dio curso al recurso de queja y se ordenó la inmediata elevación del expediente para su auditoría completa.
Escenario en suspenso
La resolución de la Cámara no implica un veredicto definitivo sobre si los reclamos de los acreedores son válidos o no, sino que establece la obligatoriedad de resolver dichas impugnaciones de manera previa a cualquier intento de liquidación. La Justicia deberá determinar ahora si el procedimiento dictaminado en primera instancia respeta los preceptos de la Ley de Concursos y Quiebras o si resulta indispensable confeccionar un nuevo pliego de bases.
La resolución final será determinante para el mercado lácteo y los inversores interesados. Cabe recordar que la cotización judicial de los activos totales de SanCor se fijó en 52,1 millones de dólares, un paquete donde los activos intangibles y las marcas comerciales representan 24,7 millones de dólares del valor global y por el cual pujan diversos grupos empresarios del sector.
