La Justicia Federal avanza en la investigación que busca esclarecer el patrimonio del actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el envío de exhortos diplomáticos a los Estados Unidos con el objetivo de determinar la titularidad de tres costosas propiedades ubicadas en el estado de Florida. Según las sospechas que manejan los investigadores, los inmuebles pertenecerían al funcionario, a pesar de haber sido omitidos de manera sistemática en sus declaraciones juradas obligatorias.
La medida procesal fue impulsada de manera directa por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien encabeza la hipótesis de que Vázquez habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes.
El requerimiento internacional busca identificar a las personas físicas que figuran formalmente como propietarias de los inmuebles norteamericanos, reconstruir los flujos de dinero utilizados para las transacciones de compra y desentramar si se montó una ingeniería de sociedades comerciales con el único fin de enmascarar al verdadero beneficiario de los activos.
Sociedades offshore
El núcleo de la causa se concentra en tres inmuebles en Florida valuados en una cifra superior a los dos millones de dólares, los cuales habrían sido adquiridos entre los años 2013 y 2015. De acuerdo con la reconstrucción financiera efectuada por la PIA, las compras se canalizaron inicialmente a través de las sociedades panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Con posterioridad, ambas firmas fueron absorbidas por Galanthus Capital Limited, una estructura radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figuraría como el beneficiario final de los fondos y sus propias hijas aparecerían integradas a la composición societaria.
Los sabuesos judiciales centran sus esfuerzos en cruzar las declaraciones patrimoniales que el funcionario presentó ante los organismos de control estatal entre 2012 y 2015, y su última actualización del año 2023. La fiscalía sostiene como premisa que el titular de ARCA ocultó deliberadamente sus vínculos y acciones en estas firmas extranjeras. Desde la procuraduría especializada consideran que el volumen de pruebas recolectado hasta el momento posee la solidez necesaria no solo para profundizar las medidas de prueba, sino para avanzar de forma inminente hacia un llamado a declaración indagatoria por la presunta ocultación de su fortuna.
Una constructora sospechosa y un tríplex bajo la lupa
La PIA incorporó formalmente al expediente a la firma Consultora San Andrés SA, una compañía controlada en su mayoría por Vázquez y su hermana. Las alarmas de los peritos contables se encendieron al constatar que la sociedad comercial no registra ningún empleado formal en blanco, lo que robustece la hipótesis judicial de que podría tratarse de una “sociedad pantalla” o de fachada, utilizada exclusivamente para canalizar flujos de dinero de origen dudoso.
En sintonía con estas irregularidades domésticas, los investigadores analizan con lupa la compra de un departamento tríplex de 318 metros cuadrados en el exclusivo complejo Los Molinos Building, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. La operación inmobiliaria se asentó en el año 2018 por un valor de 226.000 dólares, una cifra que la PIA califica como un burdo caso de subvaluación de mercado, debido a que unidades de similares características y dimensiones en el mismo edificio se comercializaban en esa fecha por más del doble del valor declarado por el funcionario.
Apertura de cuentas en los principales bancos de EE. UU.
Para terminar de cerrar el mapa del dinero, el juez Martínez de Giorgi dictó el levantamiento del secreto bancario de Andrés Vázquez y solicitó de manera formal a la justicia estadounidense los registros, resúmenes y movimientos financieros de cuentas radicadas en entidades de primera línea como el Bank of America, PNC y Wells Fargo. La orden judicial no solo abarca al entorno directo del titular de ARCA, sino que exige el desglose de los movimientos de fondos de sus familiares directos y de las firmas panameñas involucradas en la maniobra.
De manera paralela y en el plano doméstico, el juzgado federal libró órdenes informativas dirigidas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA —organismo que el imputado dirige—. Con este cruce masivo de datos interconectados, la Justicia busca asfixiar administrativamente la estrategia de la defensa y reconstruir, con precisión de peritos, cada eslabón de la ruta del dinero que el funcionario omitió declarar ante el Estado argentino.
