Los inquilinos de todo el país siguen de cerca el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviada por el Poder Ejecutivo al Senado en marzo de 2026.
La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría con modificaciones en comisiones, pero hasta el 8 de julio no fue sancionada. Por ese motivo, no modificó los contratos vigentes ni habilitó desalojos automáticos.
Cambios en los plazos para reclamar deudas
Uno de los puntos que generó mayor debate fue el plazo para intimar al inquilino antes de iniciar un desalojo por falta de pago.
El proyecto original reducía ese período de diez a tres días corridos. Sin embargo, tras las modificaciones introducidas en el Senado, se mantuvo el plazo mínimo de diez días para los alquileres destinados a vivienda.
Nuevas reglas para notificaciones y entrega de llaves
La iniciativa establece que las notificaciones enviadas al domicilio declarado en el contrato serán válidas, incluso si el inquilino rechaza recibirlas. También habilita el uso del domicilio electrónico constituido.
Además, prohíbe al propietario negarse a recibir las llaves al finalizar el contrato. Si esto ocurre, el inquilino podrá realizar una consignación judicial y dejará de adeudar alquileres desde la notificación, siempre que complete ese trámite dentro de los diez días hábiles.
Desalojos rápidos y sanciones para abusos
El texto, habilita al propietario a solicitar la desocupación inmediata del inmueble, bajo caución juratoria, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato.
También prevé sanciones para el locador que obtenga un desalojo ocultando documentación relevante. En esos casos, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.
Asimismo, para agilizar los procesos judiciales, en los juicios por falta de pago o vencimiento solo se admitirán pruebas documentales y periciales.
El argumento oficial y otro cambio de impacto
El Gobierno sostiene que las demoras judiciales afectan el derecho de propiedad y desalientan la oferta de viviendas. Según el Ejecutivo, brindar mayor seguridad jurídica permitirá ampliar el mercado de alquileres.
El proyecto también modifica la Ley de Tierras Rurales. Elimina el límite del 15% para la compra de tierras por parte de extranjeros y concentra los controles en operaciones vinculadas a Estados extranjeros, empresas estatales y zonas de frontera, con el objetivo de preservar la soberanía nacional.
