En medio de la desesperación, una docente de la ciudad de Loreto dio a conocer la crítica situación familiar que atraviesa. Andrea Contreras denunció que desde hace aproximadamente dos meses y medio no tiene ningún tipo de contacto con sus dos hijos, de 7 y 4 años, luego de que fueran retirados de su vivienda en medio de un procedimiento que calificó de “irregular”.
Según indicó, la relación con su expareja terminó de manera conflictiva, ya que sufría violencia de género. Si bien, habían acordado un régimen comunicacional, el calvario comenzó el 15 de mayo, cuando la Justicia ordenó que le “quitaran” a sus hijos.
En ese entonces, Contreras se encontraba en el departamento que alquilaba en la mencionada ciudad. Una trabajadora social llegó al inmueble acompañada por el padre de los niños, la abogada de este y varios de sus familiares e ingresaron a la propiedad sin contar con su consentimiento.
“Salgo del baño, trato de cambiarme lo más rápido posible porque escuchaba que desde la puerta los llamaban a mis hijos. Cuando converso con la asistente social, en un tono bastante elevado me dice: ‘Te vengo a comunicar que tus hijos en estos momentos se van a ir a vivir con el papá‘. Entré en una crisis de llanto y cuando le pregunté a qué se debía, me agarró y me dijo que me había olvidado de que el padre de mis hijos también tiene derechos”, relató.
Violencia de larga data
La docente explicó que la relación con su expareja finalizó en 2021 tras una década de convivencia marcada por el hostigamiento, las amenazas y agresiones físicas y verbales. Todos estos hechos fueron denunciados formalmente en la Oficina de Violencia de Género de Tribunales.
Pese a las denuncias en su contra, en 2023 se acordó un régimen comunicacional para que el progenitor pudiera ver al hijo mayor, ya que el menor todavía era lactante. Sin embargo, Contreras asegura que mientras ella cumplía con los acuerdos, la familia paterna radicó “falsas denuncias” contra ella en el Juzgado de Familia, con el fin de quitarle a los niños. “Él siempre me ha amenazaba con eso”, recordó la mujer.
Lamentablemente, durante ese proceso, la mujer sufrió una “estafa” por parte de su abogado, quien posteriormente fue denunciado ante el Colegio de Abogados. “Está denunciado por estafarme, por no comunicarme. Yo he confiado ciegamente y él jamás me comunicaba que el papá de mis hijos, mientras se cumplía el régimen, me estaba haciendo denuncias falsas en el Juzgado”, indicó. Así fue como al llegar ante las autoridades, se encontró con tres expedientes con “un millón de denuncias” en su contra.
Denuncia por abuso sexual y abandono de la provincia
Según reveló la maestra, el régimen de contacto no tuvo interrupciones por su voluntad, sino por la desaparición del padre a principios de 2025, quien se habría ido de la provincia, tras un grave hecho.
“En enero de 2025 se presentó en mi casa en estado de shock a decirme que se iba a quitar la vida porque se había ‘mandado una macana’ y le estaban haciendo una denuncia por abuso sexual. Dejó de ver a sus hijos, se desapareció por completo de Santiago del Estero durante todo un año y recién volvió a aparecer en 2026 presentado en la escuela de los chicos”, precisó.
A los fines de dejar asentado el hecho, la mujer acudió a la Comisaría de Loreto, pero se negaban a tomarle las denuncias bajo el argumento de que el padre también tiene “derechos”. En paralelo, los planteos de su ex, tenían luz verde en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación, donde presuntamente se desconocían los antecedentes por violencia y abuso.
Irregularidades
El aspecto más crítico de la denuncia radica en cómo se ejecutó la medida cautelar que la despojó de la tenencia de sus hijos. Según consta en la orden judicial, la medida debía contar con la “colaboración del personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor del lugar para retirar a los niños (…)”.
Sin embargo, al dirigirse a la sede policial luego de que se llevaran a sus hijos, la oficial de turno le confirmó a la docente que la fuerza de seguridad no intervino porque la fiscal de la causa no había autorizado el procedimiento ni se había notificado formalmente la orden de traslado a la dependencia.
“Todo el procedimiento lo hicieron la asistente social, la abogada de mi expareja y él. Entraron a mi domicilio, me trataron como a la peor delincuente y se llevaron a mis hijos con engaños”, recriminó.
Por otra parte, advirtió que los chicos quedaban en un estado de vulnerabilidad, ya que el mayor de ellos recibe tratamiento psicológicos, fonoaudiológico y psicopedagógico por un “trastorno del desarrollo del lenguaje mixto (expresivo- receptivo)”. Según comentó, estas terapias se vieron interrumpidas tras el traumático operativo, ya que al padre “nunca le ha interesado absolutamente nada”.
Sin contacto
Contreras explicó que de momento no logra ver a sus hijos, ni mantener contacto virtual. Pues, luego de que se los llevaran y buscara un nuevo abogado, intentó dar a conocer lo ocurrido con su anterior representante, pero no logró llegar a ella.
“Si no los puedo ver ahora es porque él me denuncia, me pone una perimetral diciendo que yo era alguien altamente peligroso para mis hijos. Me prohíbe llamadas, videollamadas, me bloquea de su WhatsApp, entonces no tengo información de nada”, señaló.
La docente afirmó que los hechos de violencia de género atravesaron a toda su relación con el padre de sus hijos y entiende que ahora derivó en “violencia vicaria”. “Mi abogado hace todas las presentaciones que puede hacer para que el Juzgado tenga conocimiento de esto” sostuvo y exigió una intervención urgente de las autoridades para recuperar el contacto con los niños.
