Una fuerte ola de repudio e indignación en el arco político y social causaron las polémicas declaraciones formuladas por el abogado y streamer afín al oficialismo, Alejandro Sarubbi Benítez. Durante la emisión de su programa La Trinchera en el canal de streaming Carajo, el letrado sugirió drásticas y violentas medidas contra los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, entre las que incluyó la esterilización masiva de la población o el uso de napalm.
Las expresiones desataron un inmediato rechazo en redes sociales y medios de comunicación debido a la gravedad de los dichos y a la incitación a la violencia colectiva. Lejos de retractarse, el abogado libertario ratificó su postura contra el principal distrito electoral del país, al que calificó como una “carga” para la estructura económica y fiscal de la República Argentina.
Las violentas declaraciones de Alejandro Sarubbi Benítez en La Trinchera
Durante el aire de su espacio en la señal digital Carajo, Sarubbi Benítez argumentó que la Provincia de Buenos Aires representa un obstáculo estructural para el desarrollo de la nación. En ese marco, propuso tres alternativas extremas para lo que definió como la “solución” del problema bonaerense: expulsar al territorio de la Confederación Argentina, esterilizar a su población o bombardear la región.
Las “propuestas” para eliminar a su población o aislarla del resto de la Argentina. Fueron “la esterilización”. La segunda, “un muro de 15 m de altura con snipers [francotiradores] arriba para que nadie pueda cruzar”.
Otras opciones que presentó fueron “expulsarla [a la provincia de Buenos Aires] del territorio nacional”, y finalmente “todas las mañanas tirar napalm desde aviones”.
Repudio generalizado y denuncias por incitación a la violencia
Las manifestaciones del streamer libertario provocaron una fuerte reacción por parte de legisladores, organizaciones de derechos humanos y juristas de distintos sectores políticos. Especialistas en derecho constitucional remarcaron que este tipo de discursos trascienden el marco de la libertad de expresión para encuadrarse en el delito de incitación a la violencia colectiva y apología del delito.
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Acciones judiciales: Diversos abogados y representantes del ámbito judicial evalúan la presentación de denuncias penales ante la Justicia Federal por odio y discriminación.
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Rechazo en redes: Figuras de la cultura y la comunicación catalogaron las palabras como aberrantes e incompatibles con los valores democráticos básicos.
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Silencio de referentes políticos: Desde los espacios del oficialismo nacional se mantuvieron al margen de la polémica sin emitir respaldos ni condenas institucionales inmediatas.
