Añatuya: usó las tarjetas de su tía muerta para comprar por internet y ahora investigan una millonaria deuda
El acusado habría utilizado documentación y datos bancarios que había retirado de un asilo de ancianos. La maniobra habría generado compras y pagos de servicios y terminó afectando los haberes de la titular de la institución.
Un vecino de Añatuya, departamento General Taboada, es investigado luego de que presuntamente utilizara las tarjetas y documentación de su tía fallecida para realizar operaciones comerciales después de su muerte. La mujer había permanecido durante tres años en un asilo de ancianos y murió el 3 de mayo de este año; al día siguiente, un sobrino se presentó en la institución y pidió retirar sus documentos con el argumento de que se ocuparía de gestionar las bajas correspondientes ante organismos públicos y comercios.
La responsable del hogar accedió al pedido y le entregó el DNI, tarjetas de cobro, carné de PAMI y recibo de sueldo de la fallecida. Sin embargo, según la denuncia realizada posteriormente, esa documentación habría sido utilizada para concretar compras y movimientos de dinero a través de Mercado Pago, Mercado Libre y Temu, además del pago de facturas de distintos servicios.
La maniobra quedó al descubierto el 29 de julio, cuando la titular del asilo intentó cobrar sus propios haberes y descubrió que no tenía dinero disponible. Al consultar la situación, le informaron que figuraba una deuda a nombre de la mujer fallecida que terminaba afectando sus ingresos debido a su condición de apoderada. Ante la situación, radicó una denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 41 y puso el caso en conocimiento de las autoridades.
Investigan la estafa con las tarjetas de la mujer fallecida
El caso quedó bajo análisis de la Justicia, que ya tendría en su poder documentación relacionada con las operaciones cuestionadas. Una de las líneas de investigación apunta a determinar si se utilizaron los datos de la mujer fallecida para concretar operaciones que no podrían haber sido realizadas legítimamente después de su muerte.
La situación también generó preocupación por la posible existencia de otras operaciones realizadas con la identidad de la anciana. Los investigadores deberán establecer qué compras, pagos y movimientos fueron efectuados después del 3 de mayo y quién estuvo detrás de cada transacción.
La titular del asilo quedó afectada por la deuda
La particularidad del caso es que la denuncia no fue presentada directamente por un familiar de la mujer fallecida, sino por la responsable del hogar donde había estado alojada. La institución había asumido tareas de representación y gestión durante los tres años en que la anciana permaneció bajo su cuidado, razón por la cual la deuda terminó repercutiendo sobre la titular del establecimiento.
Según trascendió, la mujer deberá volver a presentarse ante las autoridades para ratificar la denuncia realizada en la Comisaría 41, mientras avanza la revisión de la documentación y de las operaciones cuestionadas.
Qué investiga la Justicia tras la muerte de la mujer
La causa presenta, en principio, dos aspectos que deberán ser diferenciados. Por un lado, los investigadores buscan determinar si existieron operaciones fraudulentas realizadas utilizando la identidad de una persona fallecida, lo que podría involucrar perjuicios a organismos estatales y otras entidades.
Por otro, se analiza el impacto económico que esas operaciones tuvieron sobre la titular del asilo, cuyos haberes quedaron afectados por una deuda que, según su denuncia, no le corresponde.
La documentación entregada al sobrino tenía como supuesto destino la realización de trámites posteriores al fallecimiento. Ahora, los investigadores deberán reconstruir qué ocurrió desde el momento en que salió del hogar y establecer quién realizó las compras y pagos registrados durante los meses posteriores.
El caso de Añatuya permanece bajo investigación policial y judicial, con una serie de operaciones comerciales y financieras que deberán ser examinadas para determinar el monto del perjuicio y las responsabilidades correspondientes. La denuncia de la titular del asilo permitió poner en marcha las actuaciones y abrió la investigación sobre el presunto uso fraudulento de la documentación de una mujer que había fallecido meses antes.
