Novedades en la causa Adorni: investigarán operaciones con bitcoin, bienes e ingresos del exvocero
La investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni sumará nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con una serie de verificaciones técnicas destinadas a determinar si las operaciones con Bitcoin mencionadas por el exjefe de Gabinete permiten respaldar el origen de los fondos que declaró durante su paso por la función pública.
La causa analiza el patrimonio de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En su presentación ante la Justicia, el exfuncionario respondió un cuestionario de 20 puntos y sostuvo que parte de los dólares declarados provenían de inversiones en criptomonedas realizadas años antes de asumir cargos públicos.
Según la explicación presentada por su defensa, Adorni utilizó ocho direcciones de Bitcoin que registraron movimientos entre 2014 y 2018. La liquidación de esos activos, de acuerdo con el escrito presentado ante la Fiscalía, habría representado US$591.544,61. Esa suma fue vinculada con los US$565.000 declarados en efectivo bajo el concepto de “venta de activos”.
Cómo será la verificación de las billeteras
Para comprobar técnicamente esas operaciones, Pollicita solicitó realizar un procedimiento sobre las ocho direcciones de Bitcoin. La medida deberá contar con la autorización del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la investigación.
La propuesta contempla que el abogado defensor Matías Ledesma concurra a la sede de la Fiscalía junto con un perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado donde se encuentran las claves privadas de las billeteras.
Durante el procedimiento, el especialista informático de la defensa deberá acceder a las direcciones mediante herramientas de gestión de criptomonedas y realizar una operación criptográfica a partir de un mensaje proporcionado por la Fiscalía. La intención es comprobar que las claves permiten generar firmas compatibles con las direcciones de Bitcoin señaladas en la presentación.
El procedimiento será registrado y las claves permanecerán bajo custodia de la defensa. Luego, especialistas de la Policía Federal Argentina deberán analizar las firmas obtenidas y compararlas con las direcciones y el mensaje utilizado para establecer si existe correspondencia técnica.
También investigarán los antecedentes económicos de Adorni y su esposa
Las medidas solicitadas por Pollicita no se limitarán a las operaciones con criptomonedas. La Fiscalía también pidió reconstruir la situación laboral y patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad.
El objetivo es contar con información sobre sus ingresos y actividades económicas durante los años previos a las operaciones con Bitcoin que la defensa presentó como antecedente del patrimonio posteriormente declarado.
Entre la información requerida figuran los períodos laborales, empleadores y remuneraciones, además de registros de actividades como autónomos o monotributistas, participación en sociedades o fundaciones y eventuales cargos administrativos.
El pedido también contempla datos vinculados con vehículos e inmuebles registrados a nombre de ambos durante ese período.
Pedido para ampliar el levantamiento del secreto fiscal
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó ampliar el acceso a información tributaria de Adorni y Angeletti. Para ello, pidió que se levante el secreto fiscal y que el organismo recaudador aporte documentación correspondiente a ambos.
Entre los datos requeridos se encuentran las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias, las categorías impositivas y la eventual adhesión a moratorias o blanqueos.
La Fiscalía también pretende obtener información sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre enero de 2011 y diciembre de 2015.
Con estas medidas, la investigación busca contrastar la explicación presentada por Adorni sobre el origen de los fondos con documentación laboral, tributaria, patrimonial y registros técnicos de las operaciones con criptomonedas. La defensa, por su parte, sostiene que el patrimonio cuestionado tiene respaldo en activos adquiridos antes de su ingreso a la función pública.
