Santilli enfrentará una multa de $100.000 por día por incumplir con la ley de Financiamiento Universitario
En paralelo, radicaron una denuncia penal contra el Presidente, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 resolvió aplicar sanciones económicas directas contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli por incumplir con la ley de Financiamiento Universitario. A su vez, en los tribunales de Comodoro Py se formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Multas diarias de $100.000 a Santilli
El magistrado Martín Cormick resolvió hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre en el marco de la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades de la educación superior contra el Estado nacional por la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ante el "incumplimiento verificado" de las órdenes de recomposición presupuestaria, el magistrado impuso el cobro de multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, la resolución advierte que tanto el monto de la sanción pecuniaria como los funcionarios alcanzados "podrán ser modificados" e incrementados de sostenerse la desobediencia judicial respecto de los alcances del Decreto 759/2025.
Denuncia penal contra Milei y Caputo en Comodoro Py
En forma paralela, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano formalizó una denuncia en los tribunales federales de Retiro que salpica de manera directa a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional. La presentación apunta a determinar la responsabilidad penal del presidente Javier Milei, del titular de la cartera económica Luis Caputo y de todo funcionario que hubiera intervenido en la desacatada orden judicial.
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 239, 248 y 249 del Código Penal).
Según consta en el escrito presentado, el Gobierno nacional ha mantenido un desacato deliberado respecto a la medida cautelar que exige garantizar la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales, como así también la partida para becas estudiantiles en los términos de la Ley 27.795.
El denunciante remarcó que la postura oficial reviste una "suma gravedad institucional", puesto que la medida cautelar que el Ejecutivo se niega a ejecutar fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y cuenta con el recurso extraordinario desestimado por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.
