La Justicia define si libera a Mariano Páez y su novia por el hurto de $1.500.000 en Las Termas
La audiencia de este martes será clave para determinar si el empresario y su pareja continúan detenidos o recuperan la libertad bajo determinadas condiciones.
El empresario Mariano Páez y su pareja, Emilia Batule, quedaron involucrados en una causa por presunto hurto en un local comercial de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, luego de un episodio registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
La investigación sostiene que el dinero estaba sobre el mostrador, cerca de una ventanilla de atención al público, cuando una empleada se encontraba contando varios fajos de billetes y separando distintas sumas. Esa secuencia quedó registrada en las imágenes que forman parte de la causa.
Tras ser indagados por el fiscal Emanuel Sabater, los acusados aguardan la resolución judicial sobre su situación procesal. Su abogado defensor, Sebastián Robles, anticipó que solicitará la libertad de ambos durante la audiencia prevista para esta jornada.
Hurto de $1.500.000 en Las Termas: cómo ocurrió el hecho
Según la acusación fiscal, Páez habría aprovechado un momento de distracción de la cajera para introducir la mano por la abertura de atención al público y tomar un sobre que contenía más de $1.500.000. Luego, presuntamente, le habría entregado el dinero a Batule, quien lo habría guardado en su cartera.
El procedimiento que terminó con la detención de ambos se concretó el viernes de la semana pasada. Los registros de las cámaras de seguridad del comercio Lo Bruno resultaron relevantes para reconstruir lo ocurrido y respaldar la hipótesis investigada.
Qué puede resolver la Justicia sobre Páez y Batule
Durante la indagatoria, el abogado Sebastián Robles afirmó que sus representados habían reintegrado el dinero. Con ese argumento, buscará que ambos recuperen la libertad en la audiencia de este martes.
La causa está caratulada como presunto hurto, una figura contemplada en el artículo 162 del Código Penal argentino, que prevé una pena de prisión de un mes a dos años.
