Argentina presentó ante un tribunal internacional un pedido para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas
La delegación argentina expuso sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, y solicitó medidas provisionales para impedir el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion. El planteo se basa en la controversia de soberanía, el uso de los recursos naturales y los posibles riesgos ambientales. El Reino Unido presentará sus argumentos durante la audiencia.
La Argentina realizó este martes su primera presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, en el marco de un procedimiento iniciado contra el Reino Unido para solicitar medidas provisionales que impidan el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Durante la primera jornada de audiencias, la delegación nacional expuso los fundamentos jurídicos de su reclamo y pidió la intervención del organismo internacional para evitar posibles daños sobre los recursos naturales y el medio marino mientras continúa el proceso de arbitraje.
La presentación se centró en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que contempla un plan de explotación de petróleo a largo plazo, con una proyección de 35 años y la perforación de 23 pozos de producción, según los datos expuestos por la representación argentina.
El Reino Unido tiene previsto presentar sus argumentos durante esta jornada. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre con una segunda ronda de exposiciones de ambas delegaciones.
Los argumentos presentados por la Argentina
La exposición argentina estuvo encabezada por Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente del país ante el Tribunal. También intervinieron los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
Uno de los principales argumentos planteados fue que el Reino Unido avanza unilateralmente sobre la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa entre ambos países.
En ese sentido, la delegación recordó que Naciones Unidas reconoce desde 1965 la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas y promueve una solución mediante negociaciones pacíficas.
También hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras continúa el proceso de negociación.
La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas británicas avanzan sobre recursos de un territorio en disputa, pese a los reiterados reclamos diplomáticos realizados por el país.
Los posibles riesgos ambientales
Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con las consecuencias ambientales que podría generar la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La delegación argentina advirtió sobre el riesgo de posibles derrames de hidrocarburos y sostuvo que, de acuerdo con el plan de contingencia de una de las compañías involucradas, un eventual incidente podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
A partir de ese escenario, el país planteó que podría verse obligado a intervenir ante una emergencia ambiental derivada de una actividad que no autorizó.
Además, la representación nacional argumentó que la extracción de hidrocarburos constituye un daño irreversible sobre recursos no renovables, debido a que una eventual sentencia posterior no podría restituir el petróleo que haya sido extraído.
Por ese motivo, solicitó que el Tribunal adopte medidas provisionales para evitar que el desarrollo del proyecto genere consecuencias que no puedan revertirse mediante una decisión judicial posterior.
Quiénes integran las delegaciones
La representación argentina estuvo integrada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero legal de Cancillería y agente ante el Tribunal; Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania y co-agente; y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, responsables de desarrollar los argumentos jurídicos.
También participaron funcionarios de la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Cancillería.
Por el Reino Unido participaron sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Gobierno británico. La delegación también contó con funcionarios vinculados al gobierno de las Islas Malvinas.
Cómo continúa el procedimiento
La primera jornada incluyó la presentación de los argumentos argentinos y el desarrollo de los fundamentos del pedido de medidas provisionales.
De acuerdo con el cronograma informado por la delegación nacional, el Reino Unido expondrá su posición durante la tarde de este martes. El miércoles 11 se realizará la segunda y última jornada de audiencias, con nuevas intervenciones de ambos países.
El Tribunal deberá analizar los argumentos de las partes antes de resolver sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
