El juez Diego Amarante otorgó un permiso excepcional al presidente de la entidad para asistir a eventos de Conmebol. La resolución incluye una caución de $5 millones y una citación a indagatoria para el 5 de marzo por “apropiación indebida de fondos públicos”.
En medio de una de las investigaciones más severas contra la conducción del fútbol argentino, la Justicia Federal autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país. La decisión, tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, habilita al dirigente a viajar a Brasil y Colombia esta semana, a pesar de la prohibición de salida que pesa sobre él.
Para obtener el permiso, Tapia debió depositar una caución real de 5 millones de pesos. La medida no solo lo alcanza a él, sino también a otros tres dirigentes de peso: Gustavo Lorenzo (exsecretario general de la AFA), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors) y Víctor Blanco (expresidente de Racing).
La causa, impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP), investiga a la AFA por haber actuado como agente de retención de impuestos (IVA, Ganancias y Seguridad Social) sin depositar los montos correspondientes al fisco dentro de los plazos legales.
El agujero fiscal bajo investigación es impactante:
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Denuncia original: $7.593.903.512,23.
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Ampliación posterior: $11.759.643.331,62.
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Total investigado: Supera los $19.300 millones.
Desde el organismo recaudador fueron tajantes: “Los importes no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado. Su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
El cronograma autorizado indica que la delegación visitará Barra da Tijuca (Brasil) y Barranquilla (Colombia) para participar en encuentros de la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol. El regreso está estipulado para el 28 de febrero.
Sin embargo, el alivio del viaje durará poco. Apenas aterricen, los dirigentes deberán enfrentar el calendario de indagatorias:
5 de marzo: Deberá presentarse Claudio Tapia ante el juez Amarante.
6 de marzo: Será el turno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre fuerte de la entidad, quien también está bajo la lupa en este expediente.
El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, un lapso donde la retención de aportes a la seguridad social habría sido sistemática según la acusación.
Mientras la cúpula de la AFA dirime su situación en los tribunales, el impacto de una posible condena o embargo por semejante cifra ($19.300 millones) genera nerviosismo en los clubes. La acusación de “apropiación de fondos ajenos” pone en jaque la transparencia financiera de la institución en un año donde la presión fiscal sobre el fútbol profesional es máxima.
