La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7 para frenar el actual esquema de audiencias públicas en la Cámara de Diputados. El conflicto radica en la limitación de la participación oral: de los 100 mil inscriptos, el oficialismo solo autorizó que 400 puedan hablar de forma presencial o virtual.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales (José Peluc) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoráz) establecieron que las jornadas del miércoles 25 y jueves 26 de marzo se dividan de la siguiente manera:
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Miércoles 25: 200 expositores presenciales (los primeros inscriptos de cada provincia).
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Jueves 26: 200 expositores en modalidad virtual.
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Resto de los inscriptos: Deberán enviar su ponencia por escrito o un video de 5 minutos a YouTube.
Greenpeace rechaza esta metodología, calificándola de “incompatible con los estándares de participación pública”. La organización exige que se garantice la participación oral y efectiva de la totalidad de los anotados, solicitando una ampliación del cronograma y la presencia de veedores judiciales bajo los estándares del Acuerdo de Escazú.
Fuentes parlamentarias advirtieron a la Agencia Noticias Argentinas que, de cumplirse el pedido de la ONG, las audiencias podrían extenderse por 500 días. Ante esto, sectores de la oposición buscan un “criterio intermedio” que permita una representatividad mayor a los 400 autorizados, pero que sea operativamente viable para el Congreso.
La decisión quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, quien deberá determinar si el mecanismo propuesto por el Congreso vulnera el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales de alto impacto. La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, es mirada de cerca por sectores mineros y organizaciones civiles por su potencial efecto sobre las reservas de agua dulce.
