Este lunes, el Tribunal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, será el escenario de una batalla jurídica decisiva por la memoria de los 44 héroes del ARA San Juan. Tras una primera semana donde los imputados hicieron uso de su derecho a defensa (que les permite incluso retacear la verdad), comienza la segunda etapa con una diferencia fundamental: entran los testigos. La abogada querellante, Valeria Carreras, quien representa a 34 familias de las víctimas, aseguró que las expectativas son altísimas porque los 20 citados para estos días —entre técnicos y excomandantes del submarino— tienen la obligación legal de decir la verdad.
Carreras fue tajante: la querella está lista para pedir la detención inmediata por falso testimonio de cualquiera que intente camuflar la realidad del estado de la nave. Pero el clima ya viene enrarecido. Se denunció la presencia en la sala del Capitán de Fragata Daniel Lorenzo, un auditor de la Armada que habría actuado como “veedor” o “controlador” en las sombras durante la primera semana. “¿Por qué la Armada Argentina comisiona a un auditor a estar presente?”, se preguntó la abogada, rechazando la versión de la defensa que quiso hacerlo pasar por un simple “cadete logístico”. Para los familiares, esto es un intento de mantener el “blindaje naval” y presionar a los testigos que deben declarar sobre las fallas técnicas del submarino.
Esta semana es “decisiva” porque los testigos se dividen en dos grupos críticos: los especialistas técnicos, encargados de informar sobre las condiciones reales de mantenimiento del ARA San Juan antes de su última misión, y excomandantes que aportarán su experiencia sobre la navegabilidad de la unidad. La querella busca que se ratifique lo dicho en la instrucción y que se terminen las contradicciones que hasta ahora han protegido a la cadena de mandos. Para las familias, no se trata solo de un juicio; es la búsqueda final de respuestas concretas y el fin de años de encubrimiento.
