Pasadas las 22 horas de este miércoles 6 de mayo, el tribunal dio a conocer un veredicto que marca un precedente institucional en la provincia. La decisión se alineó con el pedido de la fiscal general adjunta, Betina Croppi, quien durante sus alegatos sostuvo que los fiscales ignoraron pruebas clave y desviaron sistemáticamente el foco de la investigación.
Uno de los puntos más críticos de la acusación fue la omisión de investigar al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen. Según Croppi, el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos” y los funcionarios no actuaron para identificar al autor material. En su lugar, la fiscalía se centró en construir narrativas que afectaron la dignidad de la víctima y de su entorno familiar.
La acusación detalló fallas específicas en el desempeño de cada uno de los ahora exfuncionarios. En el caso de Javier Di Santo, se le cuestionó por no profundizar las sospechas sobre Bárzola pese a los indicios tempranos y por alimentar la narrativa de la “mujer promiscua” para justificar la hipótesis de un amante asesino.
A Daniel Miralles se le reprochó la insistencia en investigar al viudo, Marcelo Macarrón, mediante una línea de trabajo que carecía de sustento probatorio firme.
Mientras que Luis Pizarro fue señalado por elevar la causa a juicio bajo la teoría de un “crimen por encargo”, la cual no pudo ser sostenida durante el debate oral por falta de evidencia.
Un momento de alta tensión durante el jury ocurrió cuando Croppi recordó cómo se intentó incriminar a Facundo Macarrón basándose en su orientación sexual. La fiscal calificó como “novelesca” la teoría de que el joven había abusado y matado a su madre, lo que provocó las lágrimas de su hermana Valentina en la sala de audiencias.
Un proceso de dos décadas
El jurado —integrado por legisladores de diversos bloques y una vocal del Tribunal Superior de Justicia— analizó durante semanas las actuaciones de los fiscales en un debate que incluyó el testimonio de más de 30 personas. Aunque las defensas alegaron que no hubo negligencia y que se actuó según la complejidad del caso, el tribunal consideró que las omisiones fueron lo suficientemente graves para ameritar la destitución.
Es importante destacar que el tribunal solo evaluó la conducta administrativa y profesional de los fiscales. La autoría material del homicidio de Nora Dalmasso sigue sin resolverse y la causa penal se encuentra actualmente prescripta.
