En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó una definición tajante que marca la postura del sector oficialista frente a la fecha. A través de sus redes sociales, la titular del Senado arremetió contra lo que denominó el “espejismo” de las políticas de memoria implementadas en las primeras décadas de este siglo, asegurando que se trató de una manipulación del pasado con objetivos electorales y partidarios.
Para Villarruel, el abordaje estatal sobre la década del 70 no ha buscado la verdad, sino que ha funcionado como una herramienta de división social. “Hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas”, sentenció la funcionaria. En su análisis, responsabilizó directamente a la clase política por utilizar la tragedia histórica como un activo para las batallas del presente, calificando a los dirigentes actuales como personas “sin imaginación ni patriotismo” que buscan sacar partido de una herida abierta.
El reclamo por una “Memoria Completa”
La postura de la Vicepresidenta refuerza su histórico reclamo de una visión integral que incluya a las víctimas de las organizaciones armadas de los años 70. Según su visión, el modelo de memoria actual ha profundizado las grietas en lugar de sanarlas, resultando en un presente que considera más injusto y desigual que el de épocas pasadas. Estas declaraciones, que aparecieron acompañando una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró, reafirman la intención del Ejecutivo de disputar el relato oficial que sostienen los organismos de derechos humanos desde el retorno de la democracia.
Impacto en una jornada de alta tensión política
Las palabras de Villarruel se produjeron en simultáneo con las masivas movilizaciones en Plaza de Mayo y diversos puntos del país, donde los organismos de derechos humanos reafirmaron la cifra de los 30.000 desaparecidos. Con este mensaje, la compañera de fórmula de Javier Milei dejó clara su distancia con los actos conmemorativos tradicionales, insistiendo en que la política de derechos humanos ha sido desviada de su fin original para ser convertida en una herramienta de confrontación ideológica y política.
