El Ministerio Público Fiscal advirtió que las amenazas en establecimientos educativos son delitos penales y confirmó que ya investiga a estudiantes mediante peritajes tecnológicos y caligráficos.
Frente a la creciente aparición de mensajes intimidatorios en escuelas, la Justicia provincial puso en marcha una campaña de concientización para frenar este tipo de conductas, que en muchos casos son replicadas por estudiantes como parte de desafíos virales.
Bajo el lema “Amenazar en la escuela no es broma”, la iniciativa busca alertar tanto a jóvenes como a sus familias sobre la gravedad de estos hechos. El mensaje, que se difunde en redes sociales y canales institucionales, remarca que no se trata de juegos ni bromas, sino de acciones con consecuencias legales.
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La advertencia surge luego de que se detectaran escritos en baños y paredes de colegios, así como publicaciones en plataformas digitales que hacen referencia a posibles ataques o situaciones de violencia. Según señalaron las autoridades, muchos de estos casos son minimizados por los propios estudiantes, que los consideran actos de diversión o búsqueda de visibilidad.
Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que ya se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables. En ese marco, se están aplicando pericias tecnológicas para rastrear el origen de los mensajes y análisis caligráficos en los casos de amenazas escritas.
El objetivo, indicaron, es dejar en claro que este tipo de conductas no quedarán impunes y que pueden derivar en causas penales, incluso cuando los involucrados sean menores de edad.
La campaña forma parte de un conjunto de medidas impulsadas tras la seguidilla de episodios registrados en distintas instituciones educativas, en un intento por desalentar prácticas que ponen en alerta a toda la comunidad escolar.
