Por Marcos Layus, abogado y profesor de historia
Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle – Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
30 de marzo, Santa Fe, Argentina. Ian Cabrera tenía 13 años. Asistía a la Escuela Normal Nº 40 “Mariano Moreno”. El lunes recién empezaba cuando recibió un disparo de escopeta por parte de otro alumno. Ian murió. Y con él, la Argentina volvió a escribir una página oscura que involucra a adolescentes en hechos violentos. No fue un hecho aislado. Desde entonces, las amenazas de tiroteos en escuelas se replican en todo el país.
En Santiago del Estero se activó un reflejo institucional tan previsible como insuficiente: protocolos, presencia policial, investigación penal y advertencias públicas sobre eventuales detenciones de adolescentes. Una secuencia que ordena la superficie, pero no toca el fondo. Y en política pública, confundir orden con solución suele ser el primer paso del error.
Como abogado, no desconozco la necesidad de reglas ni de respuestas rápidas ante situaciones que generan alarma social. Los protocolos existen para eso y celebro su existencia y la celeridad en instalarlos. Pero cuando esos instrumentos se convierten en el eje exclusivo de la intervención, el derecho deja de ser una herramienta de organización para transformarse en un atajo de simplificación, es decir; administra la urgencia, pero posterga la comprensión.
Conviene fijar una premisa básica: los adolescentes no son, por definición, sujetos a criminalizar sino a comprender. El derecho puede —y en ciertos casos debe— asignar responsabilidades, pero la política no puede limitarse a eso. Porque detrás de cada conducta hay condiciones de producción, tramas sociales, lenguajes disponibles.
Ignorarlos no endurece al Estado; lo vuelve miope. Que los adolescentes encuentren en la violencia una herramienta de resolución de conflictos merece un análisis serio.
En ese marco, la reacción de los organismos del Estado escupiendo punitivismo por doquier, plantea un problema que excede la juridicidad de la medida. El derecho no solo sanciona: también crea sentidos. Y cuando el primer mensaje institucional es el de la coerción, lo que se instala no es una política de cuidado sino una lógica de disciplinamiento. En términos filosóficos, el poder punitivo no se limita a castigar: produce subjetividades, define lo decible y delimita lo tolerable.
Pero sería un error agotar el análisis en la reacción estatal. Estas amenazas no irrumpen de manera aislada. Se inscriben en un clima social donde la violencia ha dejado de ser excepcional para volverse lenguaje corriente. Y en ese punto, la responsabilidad política no es difusa: es concreta. El discurso público en la Argentina atraviesa un proceso de degradación sostenida. La descalificación reemplaza al argumento, la agresión ocupa el lugar del debate y la construcción de enemigos se vuelve una herramienta cotidiana.
En la cúspide de ese sistema, el Presidente Javier Milei no es un actor más: es un ordenador simbólico. No se trata de imputar causalidades lineales, sino de reconocer un hecho básico de la teoría política: el poder también educa. Cuando desde la máxima investidura se naturaliza la violencia verbal, se habilita un ecosistema donde esa violencia circula, se amplifica y se reproduce. Ese clima desciende —inevitablemente— hacia los distintos niveles de la vida social. Y los adolescentes, lejos de ser ajenos a ese proceso, lo absorben y lo resignifican. La violencia discursiva de los máximos referentes del gobierno nacional habilita el ejercicio de la violencia como forma de vinculación entre las distintas capas de la sociedad. La prueba de ello es como han aumentado los índices de agresión y bullyng de manera sostenida en los últimos años.
Quienes creemos inexorablemente en la humanidad de los vínculos debemos repudiar categóricamente que el conflicto sea un elemento cotidiano para relacionarnos. ,
Las amenazas que hoy nos alarman son, en muchos casos, expresiones distorsionadas de ese lenguaje previo. No son, mayoritariamente, la antesala de una acción criminal organizada, sino la manifestación de un déficit más profundo: la ausencia de canales legítimos de expresión y de escucha. Aquí es donde la respuesta punitiva revela un límite estructural. Porque castigar el síntoma no corrige la enfermedad. Y, peor aún, puede consolidarla. Ya Bourdieu nos advertía que las prácticas sociales no pueden entenderse al margen de las estructuras que las producen. Penalizar sin intervenir sobre esas estructuras es, en definitiva, una forma sofisticada de inacción.
Los poderes del Estado, si pretenden estar a la altura, deben desplazarse de la reacción a la prevención. Y prevenir, en este contexto, implica escuchar. No como consigna retórica, sino como diseño institucional. Fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, dotar a los equipos docentes de herramientas para la detección temprana, generar espacios reales de palabra para los jóvenes no son medidas accesorias, son el núcleo de una política pública seria. Porque donde no hay palabra, la violencia encuentra su lugar. Las instituciones educativas ocupan un rol central, pero también están siendo exigidas más allá de sus capacidades actuales. Se les demanda enseñar, contener, mediar, prevenir. Y se les demanda sin los recursos suficientes, sin equipos interdisciplinarios robustos y, muchas veces, sin una orientación política clara.
No hay escuela que pueda sostener lo que el Estado no decide sostener. Desde la política, el desafío es otro: abandonar la comodidad del gesto punitivo inmediato y asumir la incomodidad de las soluciones estructurales. Eso implica invertir, planificar y, sobre todo, reconstruir un lenguaje público que no esté basado en la agresión permanente.
Porque lo que hoy aparece como una amenaza escrita en una pared no es un hecho aislado. Es un síntoma. Y los síntomas no se resuelven con advertencias ni con patrulleros. Se resuelven cuando se interviene sobre las condiciones que los hacen posibles.
Si la única respuesta que el Estado tiene para un adolescente que amenaza es la amenaza de castigo, entonces no estamos frente a un problema de seguridad.
Estamos frente a un fracaso político. Un fracaso para construir comunidad, para generar palabra, para ofrecer horizontes.
Y en ese fracaso, los pibes no son los culpables. Son la evidencia.
