Mientras la Plaza de Mayo se colmaba de manifestantes, las oficinas gubernamentales fueron escenario de una reunión clave de la mesa política. Con la presencia de Martín Menem y Patricia Bullrich, el oficialismo delineó los pasos a seguir para blindar al vocero Manuel Adorni ante el pedido de interpelación de la oposición por presunto enriquecimiento ilícito.
La prioridad inmediata de La Libertad Avanza es frenar la sesión convocada para este jueves en la Cámara de Diputados. En el Gobierno reina el optimismo tras las negociaciones con los gobernadores; calculan que la oposición no logrará el quórum necesario. “Están en 115, suponiendo que todo el peronismo se siente, cosa que no va a ocurrir”, confían fuentes oficiales, apostando a que las ausencias estratégicas desactiven el embate contra Adorni.
De la Ley Hojarasca a la Ficha Limpia
El oficialismo busca retomar la agenda pública el próximo 20 de mayo con una sesión en Diputados que incluya la denominada Ley Hojarasca, convenios internacionales y una reforma en el régimen de zonas frías. Para finales de mes y principios de junio, el foco se trasladará al Senado, donde el temario es aún más ambicioso y sensible:
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Institucionalidad y Justicia: Inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y la reforma electoral con Ficha Limpia.
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Economía y Desregulación: El “Super RIGI” y un paquete de reformas para actividades estratégicas como el cabotaje marítimo y la hidrovía, un pedido puntual de los mandatarios provinciales.
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Salud y Social: Reforma del régimen de Salud Mental.
El contraproyecto universitario frente al equilibrio fiscal
Ante el reclamo de las universidades, el Gobierno ratificó que no cederá en la indexación automática por inflación que fija la ley actual. En su lugar, impulsa un proyecto de financiamiento presentado en febrero que se ajusta estrictamente al equilibrio fiscal.
Esta propuesta oficial establece una recomposición escalonada para docentes y no docentes de tres tramos del 4,1% (marzo, julio y septiembre), eliminando la recuperación integral desde diciembre de 2023. Además, el proyecto delega en el Ejecutivo la determinación de montos para becas y gastos de funcionamiento, supeditando cualquier aumento a la “disponibilidad fiscal” y eliminando las fórmulas de actualización automática para ciencia, técnica y hospitales universitarios.
Con este esquema, el Ejecutivo busca pasar de una actualización obligatoria por ley a un sistema de incrementos definidos políticamente, blindando así su meta de déficit cero frente a la presión de la calle.
