La mesa en el estudio de #MDI este lunes por la mañana, que contó con la participación activa de Silvina Gómez (Periodista de Info del Estero) junto a Leo y Luana, se convirtió en el escenario para desgranar un fenómeno que excede la anécdota automovilística, el denominado “Teslagate”.
Bajo la consigna de analizar lo que desde ciertos sectores oficialistas se define como “la batalla cultural”, la discusión en el piso giró en torno a los límites de la ostentación pública en un contexto de severo ajuste. La premisa instalada en el discurso político de que exhibir el patrimonio personal no constituye un delito chocó de frente con la reflexión periodística sobre la oportunidad y el impacto ético de tales gestos por parte de los representantes del pueblo, abriendo el camino para profundizar en las inconsistencias patrimoniales del diputado nacional Manuel Quintar.
El tránsito de este vehículo suntuoso por las rutas postergadas de Santiago del Estero y Jujuy encendió una fuerte controversia en el arco político y social del Norte Grande. La travesía de la unidad importada dejó en evidencia tanto las marcadas asimetrías de infraestructura de la región (al verse obligada a ser remolcada por carecer de autonomía y de terminales de carga eléctrica adecuadas en la zona) como las complejas mutaciones políticas de su dueño. Manuel Quintar, legislador por Jujuy bajo el sello de La Libertad Avanza, arrastra un pasado vinculado al Partido Justicialista y al ámbito de la salud privada regional. Su actual alineación con el oficialismo central e íntimo contrasta hoy con un interrogante contable. El valor estimado del rodado, cercano a los 300.000 dólares tras el cómputo de aranceles aduaneros, colisiona con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde consignó un patrimonio neto de 231 millones de pesos, al tiempo que redujo drásticamente el valor de sus acciones en la firma familiar Servicios Sociales de Salud SRL.
Para aportar densidad al análisis, el programa estableció una comunicación con el diputado nacional Alejandro Vilca, quien evaluó el impacto de estas dinámicas en el tejido social jujeño. Desde una mirada reflexiva, el legislador expuso la distancia insalvable entre el discurso de la austeridad y la realidad vial cotidiana de la provincia “Aqui en Jujuy, las rutas están muy destruidas, hechas pedazos, entonces imaginate paseando aquí con las calles que estan medio destruidas, es medio complicado”. Para Vilca, la exhibición del automóvil trasciende la esfera del consumo privado y adquiere un peso político ineludible en un escenario de severas restricciones económicas: “Más allá de esta muestra de ostentación que hace Quintar, lo que muestra acá es casi una burla para los que la estan pasando mal, que no llegan a fin de mes, y que tenemos un gobierno que exige más sacrificio, impone más ajustes a los sectores más vulnerables”.
La visibilidad mediática del Tesla funcionó también como un catalizador que reactivó las denuncias sobre las redes de contratación de la familia Quintar con el sistema de salud pública y sindical. Las sospechas apuntan a presuntos direccionamientos de prestaciones hacia clínicas de su entorno (como la Clínica Los Lapachos) tras la designación de profesionales allegados en cargos directivos de delegaciones locales del PAMI y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo señalamientos sobre la obligatoriedad impuesta a beneficiarios de pensiones para certificar su condición en dichos establecimientos privados.
”Nosotros ya hicimos hace un mes y algo un pedido de informes con respecto a todos estos vínculos que te nombraba dentro del PAMI y dentro de la ANDIS, sobre todo como prestadores y el aumento de los negocios”, aclaró Vilca respecto a las acciones formales iniciadas en la legislatura y remitidas al Ministerio de Salud de la Nación para esclarecer la existencia de incompatibilidades con la función pública.
Al cierre de la jornada, el debate en el estudio dejó abierta la pregunta sobre la consistencia estética y discursiva del poder. Mientras la conducción nacional intenta sostener una narrativa de austeridad personal y uniformidad, el comportamiento y los esquemas comerciales de sus referentes provinciales introducen profundas contradicciones, exponiendo las grietas de una discusión que se pretende cultural, pero que se dirime en las cuentas públicas y en las realidades estructurales de las provincias.
