El escenario procesal del exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se agravó aún más, tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de prohibir la salida del país para el funcionario libertario, argumentando la existencia de un severo “riesgo de fuga” y la necesidad de resguardar el normal avance de la investigación en su contra.
La medida cautelar se firmó de manera urgente a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera la causa penal que investiga al exvocero presidencial por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y malversación de caudales públicos.
La noticia de la restricción fronteriza impuesta al exhombre de confianza de Javier Milei causó un impacto político inmediato, ya que se limita el accionar de Adorni que sigue bajo investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Ministros.
El avance de la causa de las tarjetas y los exhortos financieros de Pollicita
La prohibición de salida del país llega en una semana negra para la defensa legal de Adorni, la cual comenzó a desmoronarse tras las declaraciones testimoniales de altas empleadas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Ante los fiscales, una funcionaria clave del riñón del exjefe de Gabinete confirmó bajo juramento haberle prestado su tarjeta de crédito personal para que realizara consumos suntuosos y compras en dólares, abriendo una vía de investigación por presunto lavado de dinero mediante el uso de testaferros financieros.
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Auditoría de plásticos: El fiscal Pollicita ya ordenó levantar el secreto bancario sobre las cuentas y los resúmenes de gastos de más de cinco empleados públicos del área de comunicación.
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Inspección migratoria: La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya recibieron la notificación oficial de Lijo para bloquear los pasaportes de Adorni en Ezeiza, Aeroparque y los pasos terrestres.
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Peritajes informáticos: Los teléfonos celulares y computadoras secuestradas en los recientes operativos en las oficinas estatales comenzaron a ser cruzados con los servidores contables de las empresas proveedoras bajo sospecha.
