El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para modificar de raíz la ley General de Sociedades, una normativa de fondo sancionada originalmente en 1972 durante la dictadura de Alejandro Lanusse y que regula la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de todas las empresas en el país.
El objetivo central del oficialismo es restar capacidad de control al Estado y avanzar decididamente hacia un ecosistema de desregulación y autonomía privada. Según sintetizó el propio funcionario, la iniciativa busca dejar atrás un régimen que calificó de “rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado”. Bajo el nuevo paradigma, las normas estatales pasarán a tener un carácter meramente supletorio: “El estatuto manda”, definió el ministro.
Tribunales extranjeros al “estilo Dubái”
Entre los cambios clave que introduce el proyecto se destaca la flexibilización absoluta del funcionamiento de las firmas comerciales. La reforma elimina las restricciones vigentes sobre el objeto social de las corporaciones, lo que habilitará a una misma sociedad a desplegar múltiples actividades simultáneas sin que exista ninguna vinculación operativa entre ellas. En caso de que el estatuto redactado por los socios omitiera especificar un objeto concreto, la ley interpretará automáticamente que la empresa se encuentra autorizada a realizar cualquier tipo de actividad lícita.
Asimismo, la normativa incorpora un giro de alto impacto en materia de seguridad jurídica para los inversores: las sociedades argentinas quedarán habilitadas para dirimir sus conflictos internos y disputas societarias bajo legislaciones extranjeras o mediante sistemas de arbitraje privado, prescindiendo por completo de la intervención de la Justicia local. Al defender este punto, Sturzenegger trazó un paralelo con la experiencia internacional de Emiratos Árabes Unidos. “En Dubái las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”, sostuvo
El desembarco de las “Sociedades Automatizadas”
El proyecto también promueve una digitalización integral del sistema corporativo para dejar en la historia el expediente en papel. De aprobarse, se validará de manera definitiva el uso de domicilios electrónicos, registros digitales, asambleas virtuales, legajos completamente electrónicos y la constitución de empresas a través de firma digital.
Sin embargo, el eje más disruptivo e innovador de la reforma radica en la creación de figuras legales adaptadas a la tecnología de avanzada.
El Estado reconocerá oficialmente a empresas capaces de operar de manera cotidiana sin ningún tipo de empleado humano. Las tareas comerciales, financieras y administrativas tradicionales serán sustituidas íntegramente por algoritmos, sistemas automatizados e inteligencia artificial.
Se dará estatus legal a estructuras digitales vinculadas a la tecnología blockchain y el universo cripto. Estas organizaciones carecen de directorios o gerencias convencionales, ya que sus reglas de funcionamiento se programan en código informático y sus participaciones accionarias se administran a través de tokens digitales.
Tanto las Sociedades Automatizadas como las DAO gozarán de personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. Para respaldar esta estrategia, Sturzenegger citó el modelo de Irlanda, país que atrajo a colosos tecnológicos como Apple mediante ventajas regulatorias y de propiedad intelectual, expresando que el Gobierno pretende replicar esa misma atracción global para las empresas de Inteligencia Artificial.
Burocracia cero para grupos económicos
En el plano estrictamente comercial, la reforma simplifica las fusiones y reorganizaciones dentro de un mismo grupo económico, permitiendo que una casa matriz absorba directamente a una subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar los procesos de asambleas. A esto se le suma la incorporación de instrumentos de inversión convertibles y la posibilidad de fijar mandatos societarios por tiempo indeterminado.
El ministro de Desregulación concluyó su presentación definiendo la medida como una herramienta de competitividad global que reduce los costos de transacción y los controles arbitrarios de la burocracia estatal. Con esta modernización jurídica del siglo XXI, el mensaje enviado desde la Casa Rosada hacia los mercados internacionales es directo: “Vengan a invertir acá”.
