La Justicia ordenó este miércoles nuevas medidas para verificar la justificación patrimonial de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita requirió informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para identificar qué plataformas operaban en el país desde 2012, buscando constatar la supuesta inversión de 200.000 dólares alegada por el funcionario.
El fiscal federal intenta determinar si el mercado incipiente de aquellos años permitía la operatoria declarada por el jefe de los ministros, quien afirmó haber ganado 300.000 dólares con la compra y venta de activos virtuales. Para contrastar la versión, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) ya confecciona un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad a partir de fuentes abiertas.
Por otro lado, la investigación patrimonial se trasladó al lote 380 del country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una propiedad de fin de semana. El fiscal solicitó los registros de entradas y salidas de proveedores al predio para auditar las reformas realizadas por el contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por sus servicios.
La alerta sobre los gastos del entorno del funcionario se encendió tras un peritaje al celular del propio constructor. En los chats de Tabar se detectó la gestión de una factura por $8.183.303 emitida el 2 de junio de 2025 en concepto de blanquería y ropa de cama de alta gama; la Justicia ya envió un oficio a la firma comercial para identificar si el beneficiario final de la costosa compra fue el jefe de Gabinete. Asimismo, la administración del barrio cerrado Fincas de Iraola, en Berazategui, dispone de un plazo de 72 horas para informar si la madre del ministro, Silvia Pais, reside allí y bajo qué condiciones económicas.
En paralelo, la fiscalía solicitó informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para determinar si Adorni y su esposa cumplieron funciones y percibieron sueldos en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superior entre 2017 y 2023. A su vez, se dispuso certificar la causa penal por enriquecimiento que enfrenta su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni.
