La Municipalidad de Juríes denunció penalmente a una funcionaria y dispuso su suspensión preventiva luego de detectar un presunto desfalco de $18.499.861 en fondos provenientes del cobro de distintas tasas municipales.
El intendente Javier Francisco Carbajal, junto a los abogados Sandra Elizabeth Allala y Alberto Fernando Díaz, confirmó que la acusada es Yanina Valeria Nieto, quien se desempeñaba como directora de Bromatología, Seguridad e Higiene. La denuncia fue presentada el pasado 5 de marzo.
De acuerdo con lo informado, una auditoría interna realizada por el municipio detectó un importante faltante de dinero correspondiente a la recaudación de tasas de Habilitación de Comercios e Industrias, Servicios Especiales y Bromatología, Seguridad e Higiene.
“Urgente, hicimos una auditoría interna sobre las tasas. Arrojó el faltante de $18.499.861. Denunciamos y recién hace una semana que la Justicia nos aceptó como querellantes”, señaló el jefe comunal. Además, precisó que se inició el correspondiente sumario administrativo y se notificó a la funcionaria sobre su suspensión.
Según indicaron las autoridades municipales, Nieto era la única responsable de recibir y custodiar el dinero recaudado por esos conceptos. Asimismo, explicaron que su oficina funcionaba en el Corralón Municipal y no dentro del edificio central de la comuna.
Siempre según la denuncia, desde el área de Finanzas se le requirió la rendición de los fondos en varias oportunidades. Inicialmente habría presentado diferentes excusas y posteriormente habría reconocido haber utilizado el dinero para beneficio propio.
Pedido de embargos y cambio de calificación
Los abogados que representan a la comuna afirmaron que, hasta el momento, la funcionaria no fue imputada formalmente. No obstante, solicitaron a la fiscal Alejandra Sobrero que la calificación legal sea modificada, pasando de estafa a peculado.
En paralelo, requirieron una serie de medidas cautelares destinadas a resguardar un eventual recupero de los fondos. Entre ellas figuran la inhibición general de bienes, el embargo preventivo de cuentas bancarias y de posibles plazos fijos.
Las medidas también fueron solicitadas ante la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami.
Los letrados sostienen que el faltante quedó acreditado mediante un arqueo de caja realizado el 25 de febrero, en el que se constató una diferencia de efectivo por $18.499.861, cuya custodia estaba bajo la exclusiva responsabilidad de la funcionaria denunciada.
Además, remarcaron que dos empleados del área de Cobranzas prestaron declaración administrativa y ratificaron que entregaban semanalmente los fondos recaudados a Nieto.
Según los abogados, la propia funcionaria habría reconocido administrativamente haber retenido y dispuesto de la totalidad del dinero.
Finalmente, los representantes legales del municipio manifestaron que confían en que la imputación formal de la acusada se concrete en los próximos días, mientras la investigación continúa avanzando en sede judicial.
