Más de $1.261 millones ingresaron al circuito de regularización fiscal desde que comenzó a regir la nueva moratoria provincial. El programa, que estará vigente durante 90 días, ya registra 1.354 planes entre contribuyentes que optaron por cancelar sus deudas de contado y quienes eligieron esquemas de financiación.
Los números difundidos por la Dirección General de Rentas muestran una fuerte participación durante los primeros días del régimen, destinado a obligaciones tributarias vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Del total relevado, los pagos efectuados de contado alcanzan los $570.997.134,99, mientras que los anticipos abonados por quienes ingresaron a planes de financiación suman $86.893.269,66.
Por otra parte, el monto comprometido en cuotas asciende a $604.238.955,05, lo que eleva el volumen total involucrado en la moratoria a más de $1.261 millones.
Actualmente existen 494 planes vigentes, que concentran la mayor parte de los compromisos de pago. En este segmento se registran anticipos por $59.590.091,41 y saldos financiados por $427.911.098,26.
El informe también detalla que 512 contribuyentes cancelaron completamente sus obligaciones mediante pago al contado, por un monto superior a los $330 millones. A ello se agregan 155 operaciones emitidas bajo la misma modalidad, por más de $241 millones. En tanto, otros 192 contribuyentes eligieron adherirse a planes financiados, generando anticipos por $27.248.178,25 y compromisos de pago por $175.929.840,07.
Uno de los datos destacados del relevamiento es que hasta el momento no se registran planes caídos, situación que refleja un buen nivel de cumplimiento por parte de quienes ingresaron al sistema. La moratoria contempla descuentos de hasta el 70% sobre intereses punitorios para quienes cancelen la deuda en un único pago. También ofrece planes de hasta 36 cuotas, con beneficios diferenciados según la modalidad elegida.
Además de las deudas vencidas hasta fines de 2025, el programa permite que contribuyentes con planes vigentes o caducos puedan regularizar su situación bajo las condiciones establecidas por la normativa provincial.
