Por Álvaro José Aurane | Para Info del Estero
Las falacias están saturando la actualidad de la Argentina. Resulta que el hospital Garrahan, donde los médicos residentes reclaman salarios que alcancen para cubrir la canasta básica familiar (es decir, que no se encuentren por debajo de la línea de pobreza), es “un curro”. Pero la Oficina Anticorrupción establece que el Presidente de la Nación no cometió un delito al promocionar la criptomoneda “$Libra”, que en nombre de buscar recursos para financiar Pymes argentinas terminó llevándose unos 200 millones de dólares de inversores privados en seis horas. Resulta que no es delito porque, según la oficina estatal, Javier Milei no difundió “$Libra” como mandatario, sino desde su cuenta de “X”. ¿Cuántas personas es el jefe de Estado? Al final, y en contra de la herencia de Parménides y de Aristóteles, resulta que los seres si puende “ser y no ser” al mismo tiempo.
Para que semejante disparate sea posible, otros dislates han tenido que ir preparando el sustrato para que esta lógica de idiotas sea posible. Así es como defender un aumento del presupuesto de las universidades públicas también es “un curro”. Y reclamar la recomposición salarial para los jubilados, igualmente, “es un curro”. Y reivindicar el financiamiento para la tarea de los científicos e investigadores del Conicet es, por supuesto, “un curro”. Eso sí, para los evasores a los que el Gobierno libertario les pide “sacar los dólares del colchón”, corresponde garantizar el sagrado derecho al principio de la inocencia fiscal.
Aquí, allá y en todos lados
Por supuesto, nuestra región no iba a estar al margen de tantas dicotomías falsas. “Prefiero un sistema de salud eficiente antes que un estadio mundialista”, declaró recientemente el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, planteando una oposición insostenible: la que supone que ambas cuestiones son excluyentes entre sí.
Lo notable de esta inconsistencia es que no trafica una falacia, sino dos: la de que Tucumán, que carece de un estadio mundialista (además de las incontables carencias que la han llevado a perder el brillo que tenía hace 40 años), es el paraíso del servicio de la salud pública. Resulta que los propios protagonistas de ese servicio son quienes lo desmienten.
“Un residente del hospital Garrahan es un médico en formación. Gana $ 800.000 por mes. En Tucumán, hay médicos ya formados, que además tienen dos especialidades, que ganan lo mismo”, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), Julián Nasif.
Sitas es el único sindicato que nuclea trabajadores del sistema de salud pública de Tucumán que no ha firmado las paritarias con el Gobierno tucumano por considerar que es “claramente insuficiente” respecto del costo de vida y las necesidades de sus agremiados. “Los senadores de la Nación acaban de subirse las remuneraciones a 9,5 millones de pesos por mes. Una enfermera profesional, que es esencial para el funcionamiento de cualquier centro de salud, gana menos de la décima parte de eso en Tucumán”, precisó el profesional.
La secretaria gremial de Sitas, Adriana Buenos, recuerda que hace dos años, en junio de 2023, el Gobierno tucumano sancionó una nueva Ley de Carrera Sanitaria en Tucumán, con la cual se mejoraba el salario de los trabajadores de la salud, por un lado, y por el otro se les reconocían adicionales por especializaciones. “Fue una larga lucha de Sitas. Y aunque no conseguimos todo, celebramos lo obtenido. Lo de las especializaciones, por ejemplo, es una cuestión de estricta justicia. Porque los trabajadores de la salud pagan de su bolsillo por ciclos de formación en el sector privado, pero luego vuelcan esos conocimientos en el servicio público”, contrastó.
“Sin embargo, dos años después, el Gobierno no respeta nada de esto. Es decir, está incumpliendo con la ley. A pesar de que, a la salida de la sesión, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, le dijo a los medios que la Provincia contaba con los recursos para cumplir plenamente con lo dispuesto por la norma”, recordó.
Ahora bien, la crisis que afronta el sistema de salud pública de Tucumán no se reducen sólo a la esfera salarial: también se está resintiendo la dotación de profesionales en los centros asistenciales de la provincia. “En el hospital de niños, donde trabajo, hay solamente dos neurólogos. Y uno de ellos está próximo a jubilarse”, puntualizó Nasif.
“En las guardias de pediatría hay numerosos médicos, pero la mayoría de ellos se encuentra en formación. Por guardia, hay normalmente sólo dos pediatras ya especializados. El resto, aunque también son médicos, están haciendo sus residencias”, puntualizó.
Bueno, por su parte, da cuenta de que el éxodo de profesionales de la salud que están abandonando el sistema público es otro fenómeno tan creciente como acuciante. “No sólo se van de los hospitales. Inclusive, se están yendo del país. Tengo amigas con quienes hicimos juntas la carrera hace décadas que están yéndose a rehacer sus vidas, con sus familias, a otros países”, lamentó.
La lucha de Sitas, sin embargo, es desigual: sus medidas de fuerza a menudo son meramente simbólicas, porque no podrían permitirse abandonar un paciente ni desatender una urgencia. La vida de los pacientes es un valor supremo, compromiso del que se valen los sucesivos gobiernos provinciales para no valorar a los trabajadores del sector, cuya labor es salvar vidas, tal y como lo merecen. Hasta el punto de que la actual gestión, que incumple la Ley de Carrera Sanitaria que impulsó y con la que hizo campaña hace dos años, hoy habla de “servicio eficiente de salud” mientras tiene una crisis como la del Garrahan en cada hospital público de Tucumán.
Otras preferencias
Evidentemente, la ventaja que Santiago del Estero le ha sacado a Tucumán en materia de inversión en infraestructura pública es no sólo inolcutable, sino que comienza a tornarse un “lastre” para la imagen de las sucesivas administraciones peronistas del “Jardín de la República”. Por eso la falacia montada sobre el Estadio Mundialista. En gobiernos anteriores, las comparaciones de los tucumanos se centraban en Salta y, particularmente, en su red vial. En Tucumán, las autovías son una excentricidad, a pesar de ser la más pequeñas de las provincias argentinas en términos geográficos, con lo cual resulta inexcusable que su superficie no se encuentre atravesada por vías multitrocha de norte a sur y de oeste a este.
Pero las comparaciones con las rutas están vedadas aquí desde hace unos años. El gobierno venía desde 2021 haciendo campaña con la promesa de una autopista que cruzaría todo el este provincial. En 2023 no fue la excepción. Sin embargo, de ella no se hizo nada. Legítimamente nada.
“La autovía Tucumán – Termas de Río Hondo será una realidad. Invertiremos $ 2.000 millones de pesos para mejorar la conectividad terrestre. Más obras para todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán”, decía el “spot” de 17 segundos de noviembre de 2021 en la cuenta de Facebook del Gobierno de Tucumán. Los afiches con que empapelaron la provincia durante el proselitismo de 2023 también daban una idea de cercana concreción: “Invertiremos $ 2.000 millones en la autovía Tucumán – Termas de Río Hondo”.
Claro está, no explicaban que el costo no era para los casi 90 kilómetros que separan San Miguel de Tucumán de la ciudad termal, sino tan sólo para un primer tramo de 2.850 metros. Menos de tres kilómetros entre el acceso de la Capital tucumana y la ruta nacional 9. Ni siquiera eso pudieron hacer. Porque la traza por donde debiera pasar la obra no estaba liberada de redes eléctricas, de redes de gas natural, y ni siquiera de propiedades privadas. De hecho, ni siquiera estaban aprobados los proyectos para los puentes cuando en marzo de 2023 la empresa adjudicataria formuló a la Dirección Nacional de Vialidad la Nación el “pedido de neutralización de la obra”.
Porque en Tucumán, los gobiernos quisieran tener autopistas, pero prefieren tener un sistema de producción de spot publicitarios y de cartelería pública eficiente, que lo pongan a la vanguardia de la ficción regional.
