La fiscalía federal recibió informes preliminares de diversas plataformas de intercambio de activos digitales que confirman la actividad financiera del funcionario en el mercado de criptomonedas. Según los registros incorporados al expediente, estas operaciones se realizaron durante el presente año, pero no figuran en la última documentación presentada por el jefe de gabinete ante los organismos de control.
Si bien los investigadores señalaron que el volumen de estas transacciones digitales no sería significativo en comparación con los flujos de efectivo bajo análisis, la omisión en la declaración jurada motivó un pedido de pericias de trazabilidad. El objetivo es reconstruir el recorrido de los fondos y verificar si estas billeteras virtuales forman parte de un circuito financiero más amplio.
Levantamiento del secreto bancario y fiscal
La causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo sumó nuevos elementos tras la decisión de levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del jefe de gabinete y su esposa. La medida alcanza también a las firmas consultoras vinculadas al entorno familiar del funcionario, permitiendo a la justicia acceder a información detallada sobre movimientos de cuentas y activos.
El Banco Central de la República Argentina ya remitió un informe exhaustivo que abarca desde enero de 2022. Este documento incluye datos sobre plazos fijos, cajas de seguridad, préstamos y tarjetas de crédito de los imputados. Los peritos contables de Comodoro Py trabajan ahora en el cruce de esta base de datos con la información proveniente del sector fintech para detectar posibles inconsistencias patrimoniales.
Patrimonio declarado ante la oficina anticorrupción
En su última presentación patrimonial correspondiente al ciclo 2024, el funcionario informó bienes por un valor total superior a los 107 millones de pesos. Entre los activos consignados se encuentran 42.500 dólares en efectivo y una caja de ahorro en el exterior con poco más de 6.200 dólares, además de depósitos en moneda nacional.
La investigación judicial se centra en determinar por qué los movimientos con criptoactivos fueron excluidos de este informe oficial. El fiscal Pollicita busca establecer si la situación patrimonial real del funcionario se ajusta a sus ingresos declarados o si los activos digitales detectados por las plataformas de intercambio representan una irregularidad en el cumplimiento de las normas de ética pública.
