El fuerte plan de austeridad implementado por el gobierno de Javier Milei ha impactado de lleno en el día a día de las Fuerzas Armadas, un sector al que el oficialismo había prometido revalorizar. La situación presupuestaria en los cuarteles del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea es tan crítica que se impuso una orden reservada para reducir la jornada laboral de 7:30 a 12:30.
Esta medida tiene como principal objetivo eludir el gasto que implica darles el almuerzo a los soldados, suboficiales y oficiales, liberándolos al mediodía para que regresen a sus casas. Como consecuencia directa de los bajos salarios, que se ubican un 30 por ciento por debajo de los de las fuerzas de seguridad, muchos efectivos aprovechan la tarde libre para trabajar en aplicaciones de transporte o en servicios de seguridad privada para llegar a fin de mes. Este desborde salarial ha generado niveles récord de deserción e incluso rispideces en provincias como Córdoba, donde la policía local logró captar a casi la mitad del personal militar disponible.
Frente a la falta de fondos operativos, los altos mandos han tenido que recurrir a la venta de tierras y edificios históricos para cubrir los gastos corrientes o apelar a prácticas de trueque insólitas, que van desde cambiar metales fundidos por comida hasta canjear la producción de membrillos por repuestos para vehículos e inodoros para poder reparar los baños de los cuarteles.
A este panorama se suma un desfinanciamiento que vació las prestaciones de la obra social IOSFA, y la controvertida adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca, de los cuales solo arribaron cinco unidades de las veinticuatro pautadas, sin el armamento correspondiente, sin pistas adaptadas para operar y con un costo de entrenamiento por hora que resulta impagable en el actual contexto de motosierra económica.
