Motosierra contra los más vulnerables: el Gobierno deja de pagar pasajes gratuitos para personas con discapacidad
La medida elimina las compensaciones que recibían las empresas de micros de larga distancia por los boletos sin cargo. También alcanza a pacientes trasplantados y niños con cáncer.

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo recorte que golpea de lleno a sectores vulnerables: dejó sin efecto el sistema de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, las compañías deberán absorber el costo total de los boletos gratuitos contemplados por ley.

Según el texto oficial, se elimina el régimen de compensaciones económicas vigente desde 2018, que cubría parcialmente los pasajes otorgados en el marco de las leyes de discapacidad, trasplantes y protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

Desde el Gobierno argumentaron que el esquema ya no resulta necesario debido a la desregulación del transporte de larga distancia impulsada por el Decreto 883/2024, que permite a las empresas fijar libremente tarifas, recorridos y horarios. Bajo esa lógica, sostienen que las firmas ahora pueden “internalizar” esos costos dentro de su estructura económica.

Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos por considerar que profundiza el ajuste sobre personas que dependen de estos beneficios para acceder a tratamientos médicos, controles de salud y traslados esenciales.

El derecho al pasaje gratuito no fue eliminado y continuará vigente para los beneficiarios contemplados por las leyes nacionales. No obstante, el Estado dejará de financiar esas prestaciones y trasladará la responsabilidad económica a las empresas de transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento del sistema.

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