Ley de Tierras: Colapso ambiental, especulación inmobiliario-financiera y riesgo para las comunidades en todo el territorio santiagueño
Para la abogada de organizaciones campesinas de Santiago del Estero, Elba Sorribas, la retirada del capítulo de Extranjerización de Tierras de la Ley 26.737 “funciona apenas como un repliegue táctico”, sin embargo “no desactiva la amenaza estructural sobre los territorios”. Al mismo tiempo, avizora para las comunidades rurales en general, y las de Santiago del Estero en particular, un horizonte de desestructuración territorial y existencial.
En diálogo exclusiva con Info del Estero explicó y analizó las consecuencias ambientales, económicas, sociales y culturales de un proyecto que encarna “la especulación inmobiliario-financiera a costa de degradar la función social y ambiental del territorio”. A la vez se refirió a la ruptura del tejido ecológico provincial e identificó a las zonas estratégicas y de mayor riesgo.
En este contexto vale decir que el fuego se convierte en el elemento antecesor y justificado de lo que después será el desmonte anunciado, con la consecuente “pérdida irreversible de especies nativas, la salinización de los suelos, la alteración del régimen hídrico regional y la destrucción de las defensas naturales frente a sequías e inundaciones extremas”. A la vez que exige una migración interna en busca de mejores condiciones habitacionales y de supervivencia en el entorno.
Más tarde llega el desalojo, otro factor que despoja de la posesión comunitaria y ancestral, pues la mayoría de las familias rurales santiagueñas, no posee títulos formales. Entonces los jueces actúan en un plazo de 10 días, exhortando a la restitución anticipada del inmueble, antes de abrir la etapa probatoria, en la que se pudiera demostrar la posesión de décadas, “dinámica que se agrava terminalmente con la notificación digital obligatoria”, remarca Sorribas.
Y entiende que “esta expulsión física y alteración del ecosistema impacta de lleno en la dimensión cultural y simbólica de los pueblos, en tanto el territorio constituye la trama de la vida, la memoria y la espiritualidad campesina e indígena provocando la fractura de la transmisión intergeneracional de saberes y lenguas nativas”.
En lo que respecta a la dimensión económica destruye el modelo diversificado de subsistencia (ganadería caprina y bovina a monte abierto, apicultura, recolección y huertas) para imponer el monocultivo a escala industrial, convirtiendo a productores comunitarios autónomos en desplazados. En paralelo el mapa se va poblando con casos de enfermedades respiratorias, dermatológicas y patologías oncogénicas, pues el uso agroquímicos en las fumigaciones resultan un “envenenamiento lento” para las comunidades; sobre todo las que se asientan en cercanía a viviendas y escuelas rurales.
“A este escenario socio-sanitario se suma un acorralamiento hídrico y territorial ejecutado mediante el desvío de escorrentías naturales a través de canalizaciones o represas privadas, la contaminación de los pozos someros con efluentes agrícolas y el cercamiento de fuentes de agua dulce, lo que priva al ganado campesino del acceso a ríos y aguadas históricas”, describe la abogada de las organizaciones campesinas.
A su vez, advierte que “esta estrategia de presión se complementa con el alambrado ilegal de caminos vecinales y servidumbres de paso ancestrales (…) cercenando el derecho al libre tránsito y bloqueando el acceso esencial a las escuelas rurales, las salitas de atención primaria de la salud y los circuitos locales de comercialización”.
Es en este contexto en el que se empieza a gestar un proceso sistemático de judicialización y criminalización de la protesta, en las que los sectores económicos dominantes utilizan el fuero penal para perseguir a las familias y referentes comunitarios mediante imputaciones arbitrarias de usurpación o asociación ilícita. “De este modo, un diferendo netamente civil y social derivado de la falta de regularización dominial es transformado en un delito de índole penal”, especifica.
El mapa santiagueño y sus zonas estratégicas
Para la doctora Sorribas, resulta fundamental enfatizar que, más allá de cualquier diversificación regional o clasificación en focos de valor agronómico e inmobiliario, es la totalidad del territorio provincial la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad crítica. Sin embargo, cree que es elemental diferenciar por regiones para explicar qué está más en riesgo en cada una de ellas:
En el norte y noreste provincial se concentra el corazón del bosque nativo Chaqueño y, a la vez, el frente de mayor avance de la frontera agrícola de granos; allí se amontonan los principales intereses para la aplicación del desalojo exprés y el uso del fuego sobre áreas habitadas históricamente por comunidades Tonokoté, Lule-Vilela y campesinos poseedores ancestrales.
Hacia el noroeste sostiene que la altísima calidad del suelo atrae la compra masiva por parte de pooles de siembra extraprovinciales, generando la expulsión de los pobladores. Asimismo explica que bajo la legislación actual y conforme al Observatorio de Tierras el Departamento Jiménez presenta casi el 16% de extranjerización.
Por su parte, el sudoeste y sur sufre la embestida de la ganadería intensiva empresarial sobre las serranías y la especulación sobre zonas estratégicas de recarga hídrica de acuíferos profundos, mientras que las bañados y cuencas de inundación de los ríos Dulce y Salado son codiciadas para la privatización de riberas y monocultivo bajo riego.
Con este panorama Elba Sorribas condena “el colapso ambiental” al que se llevando al territorio santiagueño. Sobre el mismo mapa quedan las familias defendiendo la biodiversidad y su buen vivir, mediante el pastoreo a monte abierto, la recolección sustentable, las huertas orgánicas y la acción colectiva.
