Nueva ley penal juvenil: qué cambia y por qué los adolescentes de 14 años podrán ser punibles

La nueva Ley Penal Juvenil comenzó a regir en el país y establece modificaciones centrales en el tratamiento de adolescentes que entran en conflicto con la ley. Entre los principales cambios se encuentra la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y la incorporación de nuevos delitos al ámbito penal.

Sobre el alcance de la reforma habló Manuel Santillán, abogado y coordinador de NEXO Santiago del Estero, durante una de las entrevistas principales de este martes en La Mañana de Info.

Santillán explicó que Santiago del Estero ya cuenta desde 2022 con un régimen provincial de responsabilidad penal juvenil, establecido por la Ley 7349, que consideró “avanzado” en relación con otras jurisdicciones.

A nivel nacional, en marzo se sancionó la nueva normativa, que establece un plazo de seis meses para que las provincias adecuen sus sistemas. Uno de los cambios centrales es que los adolescentes de 14 y 15 años pasan a tener responsabilidad penal, mientras que también se amplía el universo de delitos que pueden ser abordados por la Justicia penal juvenil.

¿Qué delitos pueden llevar a un adolescente de 14 años ante la Justicia?

Uno de los aspectos que Santillán consideró necesario explicar es que la reforma no significa simplemente que los adolescentes serán enviados a prisión.

La nueva legislación incorpora al ámbito penal situaciones que anteriormente podían resolverse en espacios familiares, escolares u otros ámbitos. Entre los ejemplos mencionados durante la entrevista aparecen amenazas, lesiones y determinadas conductas vinculadas con la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Esto significa que un adolescente de 14 años puede terminar con una causa penal abierta por hechos que antes no necesariamente ingresaban al fuero penal.

“Un niño de 14 años, de repente, por una travesura o seguir una moda, puede tener una causa penal abierta”, planteó Santillán, quien remarcó que la sociedad deberá tomar dimensión de las consecuencias que implica la nueva normativa.

¿Un adolescente de 14 años puede ir preso?

La respuesta, de acuerdo con lo explicado por el coordinador de NEXO, es sí, aunque la reforma también contempla alternativas a la privación de la libertad.

En el caso de delitos graves, como homicidios o delitos de índole sexual, el adolescente puede enfrentar consecuencias jurídicas y allí adquieren relevancia los centros especializados y los espacios de privación de libertad destinados a jóvenes.

Santillán aclaró que estos delitos ya tenían consecuencias dentro del régimen anterior y que el cambio fundamental está dado por la incorporación de adolescentes desde los 14 años.

La advertencia por la falta de infraestructura

Uno de los puntos más críticos planteados durante la entrevista fue la capacidad del Estado para aplicar efectivamente la reforma.

Santillán señaló que Santiago del Estero viene trabajando desde hace tiempo en la construcción de un sistema especializado y que la provincia cuenta con espacios preparados para abordar estas situaciones. Sin embargo, sostuvo que la realidad es muy diferente en otras jurisdicciones.

Puso como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, donde, según explicó, existen dificultades para generar espacios suficientes frente a la cantidad de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el nuevo régimen.

El abogado también cuestionó el aspecto presupuestario de la reforma. Según indicó, la normativa contempla una partida de $23.000 millones, pero no establece con claridad quién deberá aportar esos recursos ni cómo se implementará el financiamiento.

La preocupación se extiende especialmente a aquellas provincias que no cuentan con centros especializados. Santillán advirtió que algunas jurisdicciones incluso disponen de sectores dentro de establecimientos penitenciarios de adultos para alojar adolescentes.

“Vamos a tener un niño de 14 años en una institución con personas mayores”, alertó durante la entrevista.

“Hay una demagogia política punitivista”

Consultado sobre la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la reforma pese a las dificultades de infraestructura, Santillán reconoció que existe una demanda social vinculada con la necesidad de dar respuestas frente a los delitos cometidos por jóvenes.

Sin embargo, consideró que también existe un componente de “demagogia política punitivista”, al entender que se puso especial énfasis y urgencia en endurecer determinadas respuestas penales sin resolver previamente las condiciones necesarias para implementarlas.

Para el abogado, la discusión no debería limitarse a qué sanción corresponde después de cometido un delito, sino que debería concentrarse también en cómo prevenir que los adolescentes lleguen a esa situación.

Qué hacen en NEXO con los jóvenes en conflicto con la ley

En ese punto aparece el trabajo que se desarrolla desde NEXO, el Centro de Abordaje Integral para jóvenes en conflicto con la ley penal.

Santillán explicó que el espacio surgió como parte de un proceso de transformación de los antiguos dispositivos destinados a menores. Primero se avanzó hacia un centro de guarda, custodia y tratamiento y posteriormente se inauguró NEXO como un nuevo espacio de abordaje.

El objetivo, según explicó, no es solamente intervenir sobre el adolescente cuando ya cometió un delito, sino trabajar sobre las causas y condiciones que pueden llevarlo a delinquir.

En ese sentido, identificó cuatro pilares fundamentales del trabajo de NEXO: educación, salud, deporte y capacitación laboral.

El abordaje también incluye al grupo familiar y busca articular con distintos organismos y ministerios para que, una vez que el adolescente abandone el sistema, pueda contar con herramientas para reinsertarse en la sociedad.

Prevención y reinserción: el desafío detrás de la nueva ley

Santillán sostuvo que, a partir de su experiencia trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, suelen repetirse determinados patrones vinculados con problemáticas familiares, dificultades de acceso a servicios y situaciones de vulnerabilidad.

Por eso, planteó que la respuesta no puede reducirse a la privación de la libertad.

“Tenemos que hacer algo como sociedad, como gestión, como gobierno, pero buscar alternativas”, sostuvo.

La discusión que abre la nueva Ley Penal Juvenil, entonces, no pasa únicamente por desde qué edad un adolescente puede ser responsabilizado penalmente, sino también por qué respuesta construye el Estado después de esa decisión y si existen las condiciones necesarias para evitar que un joven que atraviesa el sistema penal termine reincidiendo.

Para NEXO, la apuesta está puesta en que el adolescente pueda salir del sistema con herramientas concretas para volver a su barrio y reinsertarse en la sociedad, junto con un trabajo que también involucre a su familia.