El Gobierno evalúa incluir la pesca ilegal en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La Casa Rosada analiza endurecer las sanciones e incorporar la actividad pesquera no autorizada al esquema que penaliza la explotación de recursos en Malvinas.
Mientras el Gobierno formula el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, evalúa expandir las penas e incorporar explícitamente la pesca ilegal en adyacencias a las Islas Malvinas. La medida atiende un reclamo formal de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y de sectores de la oposición peronista, quienes solicitaron que las licencias pesqueras ilegítimas otorgadas por el Reino Unido reciban el mismo tratamiento punitivo que la exploración hidrocarburífera.
La iniciativa, cuya redacción final se encuentra bajo revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, busca actualizar y profundizar los alcances de la Ley 26.659 (aprobada en 2011). Según confirmó el presidente Javier Milei, la nueva normativa inhabilitará de forma directa para contratar con el Estado o con privados en el país a cualquier empresa o proveedor que preste servicios a firmas involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales argentinos.
“El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, sostuvo el mandatario durante una cadena nacional brindada la semana pasada.
Estrategia legislativa, despliegue logístico y cronograma
El paquete impulsado por el Gobierno contempla un abordaje integral que combina reformas normativas con infraestructura estratégica en el sur del país.
La mesa política oficialista define si el proyecto, que ingresará por la Cámara de Diputados, será acompañado por las exposiciones en comisión de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. En Balcarce 50 prevén iniciar el debate hacia finales de septiembre con miras a un rápido dictamen.
En paralelo al reclamo legislativo y a las denuncias judiciales contra empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Defensa viajarán este viernes a la provincia austral para avanzar en la planificación de una nueva Base Naval Integrada.
El texto remitido al Parlamento incluirá además la creación de un nuevo órgano asesor destinado a fortalecer las capacidades de la Fuerzas Armadas y coordinar las políticas de defensa en el Atlántico Sur.
Con esta jugada, la administración nacional busca consolidar una postura de presión diplomática y económica sobre las firmas transnacionales que operan bajo licencias británicas, mientras alinea apoyos parlamentarios para asegurar el rápido tratamiento del proyecto.
