El Gobierno autorizó una emisión por más de $220.000 millones en bonos
El Ministerio de Economía amplió la emisión de tres títulos en pesos con intereses capitalizables para cancelar deudas con empresas constructoras del sector de la obra pública.
El Gobierno nacional formalizó una ampliación en la emisión de deuda pública por un monto de hasta $221.119 millones con el propósito de cancelar deudas acumuladas con empresas constructoras del sector de la obra pública.
La medida, articulada a través del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, busca cancelar certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios ejecutados entre enero de 2022 y diciembre de 2025, así como liquidar contratos de obra pública extinguidos desde 2024.
La operatoria se encuadra en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, mediante la entrega de una canasta compuesta por tres bonos en pesos con intereses capitalizables: Lecap (vencimiento 30 de octubre de 2026), ampliación de hasta $60.000 millones; Boncap (vencimiento 15 de enero de 2027), ampliación de hasta $51.000 millones y otra Boncap (vencimiento 30 de abril de 2027), ampliación de hasta $60.000 millones.
Si bien estos instrumentos financieros fueron emitidos originalmente durante 2025, la Secretaría de Finanzas optó por ampliar sus montos para saldar los compromisos mediante títulos de deuda en lugar de desembolsos en efectivo.
Rechazo del sector e impacto contable en el resultado fiscal
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) señalaron que el volumen de emisión autorizado resulta "exiguo" para la magnitud de la crisis que atraviesa la actividad, calculando que la deuda acumulada por certificados de obra impagos en los últimos dos años supera holgadamente los $400.000 millones. Este esquema de cancelación con títulos de deuda ya fue implementado previamente con las generadoras eléctricas y productoras de gas.
Desde la perspectiva macroeconómica, el aspecto central de la medida radica en su impacto fiscal. La operación se imputará bajo el rubro de Aplicaciones Financieras, por lo que no computará como gasto primario ni alterará el resultado fiscal al momento de la entrega de los bonos.
Al diferir los compromisos e incorporar intereses capitalizables, el Ejecutivo evita presiones inmediatas sobre el superávit fiscal en un contexto signado por la restricción del gasto y la caída de los ingresos tributarios, aunque analistas advierten sobre los costos financieros que esta postergación proyecta a futuro.
