Las prepagas necesitarán autorización del Gobierno para aumentar las cuotas
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían liberado las cuotas de la medicina privada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las prepagas deberán contar nuevamente con autorización del Gobierno antes de aplicar incrementos en el valor de sus cuotas. De este modo, el máximo tribunal dejó sin efecto la desregulación tarifaria introducida a fines de 2023 y restituyó las facultades de control en cabeza de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La sentencia lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Dichas disposiciones habían modificado la Ley de Medicina Prepaga al suprimir la potestad del Estado nacional para regular y autorizar las variaciones en los precios de los planes asistenciales.
Los fundamentos del máximo tribunal
Al analizar la validez constitucional de la medida dictada por el Poder Ejecutivo, los jueces sostuvieron que el Gobierno no logró acreditar razones suficientes que justificaran el dictado de una norma de excepción para eliminar los controles tarifarios. En el texto de la resolución, los magistrados subrayaron que "no basta con invocar una emergencia genérica" para prescindir del trámite legislativo ordinario y remover las atribuciones de fiscalización estatal.
Según el criterio de la Corte, los considerandos del decreto no establecieron un nexo concreto entre la crisis económica y social alegada por la administración nacional y la urgencia de desregular los aranceles del sector. Tampoco se fundamentó, a juicio del tribunal, de qué manera la quita de controles podía contribuir a superar dicha situación de emergencia.
Asimismo, el fallo precisó el alcance institucional de la medida: los ministros aclararon que el pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin emitir opinión sobre el resto del articulado del decreto. Además, ratificaron que el trámite parlamentario previsto en la Ley 26.122 —que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia— no constituye un obstáculo para que el Poder Judicial ejerza el control de constitucionalidad cuando una norma ya genera efectos concretos sobre los derechos de los ciudadanos.
El origen del expediente judicial
El pronunciamiento de la Corte tuvo lugar en el marco de una acción de amparo promovida por María del Carmen Bobbio contra la firma Swiss Medical. La demandante acudió a la Justicia tras registrar una suba acumulada del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, señalando que, bajo el esquema regulatorio previo (resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud), el ajuste correspondiente habría sido del 6,26%.
El recorrido judicial de la causa atravesó distintas instancias antes de llegar al máximo tribunal:
Primera instancia: El juzgado interviniente desestimó inicialmente el reclamo de la afiliada.
Segunda instancia: La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó el fallo original, declaró inconstitucionales los artículos impugnados, ordenó topear las subas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dispuso que el Estado retomara su rol de fiscalización.
Instancia extraordinaria: Tanto el Estado nacional como la empresa de medicina prepaga apelaron la sentencia de Cámara. Antes de la definición de los jueces, la Procuración General de la Nación —a través de la Procuradora Fiscal— había dictaminado a favor de confirmar la inconstitucionalidad y restituir la autoridad de aplicación.




